Instituto Libertad y Desarrollo se pronuncia sobre propuestas constitucionales.

En el marco de las recientes elecciones generales, el Instituto Libertad y Desarrollo entregó su opinión respecto de las propuestas del Programa de Michelle Bachelet en torno a una Nueva Constitución.

Al efecto, sostuvo que si bien el programa establece que se busca una nueva Constitución sobre la base de un proceso institucional, democrático y participativo, Bachelet ha sido ambigua. Conocemos las reglas actuales de reforma a la Constitución, dependiendo el capítulo se trata de quórums de 2/3 y 3/5 de los parlamentarios en ejercicio, que, como hemos explicado anteriormente, son estándar a nivel mundial. Pero, en este ámbito, no han contribuido para nada sus declaraciones –y las de algunos miembros de su equipo constitucional– que ponen demasiado énfasis en la táctica: dependiendo de las fuerzas que tengan en el Congreso, se definirá la vía elegida para el cambio. ¿Qué significa exactamente eso?, ¿qué pasa si Bachelet no consigue una mayoría parlamentaria suficiente?, ¿desechará la búsqueda de acuerdos en el Congreso u optará por el camino de un decreto inconstitucional que llama a plebiscito para pronunciarse sobre la Asamblea Constituyente, que para sus autores no sería controlable por el Tribunal Constitucional?

Luego, expresa el think tank que la ampliación del catálogo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el que sean justiciables, no sólo nos lleva a la larga discusión acerca de la naturaleza jurídica de los DESCs –derechos, aspiraciones políticas o prestaciones vinculadas a la capacidad del Estado de cumplirlas– sino que su justiciabilidad implica una transferencia masiva de poder desde el Congreso a los jueces –quienes no tienen la legitimidad democrática ni la capacidad técnica para tomar las decisiones más difíciles en materia de justicia distributiva, abriendo un espacio relevante para el activismo judicial.