TC español dicta sentencia reconociendo constitucionalidad de acreditación nacional de profesores.

El Pleno del Tribunal Constitucional español desestimó el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Cataluña contra el Real Decreto 1052/2002, que regula el procedimiento para la evaluación del profesorado contratado universitario por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Al efecto, la sentencia expresa que, conforme con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, “la competencia autonómica en materia de evaluación y garantía de la calidad del personal docente e investigador, se configura como una competencia compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma”.

En este sentido, la Magistratura Constitucional ibérica arguye que “los ejes que justifican el procedimiento de acreditación previsto en el Real Decreto son dos: la unidad del sistema universitario estatal y el reconocimiento del derecho a la movilidad del profesorado contratado. La existencia de un sistema universitario nacional, en el que el Estado ha de actuar como garante de la calidad de la enseñanza universitaria (art. 149.1.30 Constitución Española), justifica la existencia de mecanismos de interconexión universitaria, como es, en este caso, la fijación de un estándar común de competencia profesional para el profesorado contratado, que contribuya a objetivar la idoneidad y capacitación de este profesorado y garantice la igualdad de competencias profesionales en todo el territorio”.