En días pasados, los senadores Espina y García presentaron una propuesta denominada “Acuerdo por la paz social en la Araucanía”, la que intenta concentrar todas las opiniones de los sectores involucrados en el conflicto indígena, con el fin de contribuir a través de una política de Estado.
El documento destaca el carácter multicultural de la región, pero que se ha visto menoscabado debido a que nuestro ordenamiento jurídico no realiza un reconocimiento institucional verdadero, agravado por la escasa participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones, y la constante discriminación de la sociedad chilena a los pueblos originarios. A esto se suma, los problemas suscitados en torno a la entrega de tierras y los graves hechos de violencia ocurridos especialmente en la zona de conflicto.
El contenido de la propuesta aborda cuatro complejos puntos: 1) La Política de Tierras; 2) Pobreza rural: Infraestructura, productividad, asociatividad y emprendimiento como ejes claves para disminuirla; 3) Participación Política e Institucionalidad y; 4) La Violencia.
El primer ítem realiza una descripción histórica respecto a la entrega de tierras –por parte del Estado- en favor de inmigrantes chilenos y extranjeros, que por más de un siglo las han poseído y trabajado con esfuerzo de generación en generación y basados en los títulos de dominio otorgados. Agrega el documento, que a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena del año 1993, el mismo Estado de Chile ha procedido a conferir títulos a familias indígenas, a quienes se les han transferido tierras de dominio particular, adquiridas con cargo al Fondo de Tierras Indígenas por la Conadi, y tierras fiscales ocupadas y reivindicadas por comunidades indígenas. Así, la Conadi informó que hasta el año pasado se habían destinado $275 mil millones a la compra de 187 mil hectáreas para ser entregadas a las comunidades, que se suman a las 278 mil que eran propiedad del Fisco y que fueron traspasadas, sin embargo, a pesar de esta cuantiosa inversión las demandas en la zona de La Araucanía no se han resuelto.
Por otra parte, el informe indica que las tierras de origen comunitario han sufrido un detrimento desde que comenzó el proceso de otorgamiento de títulos de dominio por el Estado a la fecha, por diferentes razones: las apropiación de particulares que adquirieron derechos y acciones dentro de los títulos comunitarios; sentencias judiciales; superposición de deslindes entre el título de merced y los predios colindantes; particulares ajenos a la comunidad.
Los senadores proponen: la creación de un Consejo o Aukiñ ad hoc para la paz social en la región, establecido por ley, e integrado por los distintos actores, el que deberá oír las reivindicaciones territoriales de las comunidades, y sus fundamentos históricos y legales, recopilando la información que juzgue necesario y procederá a determina los límites que correspondan restituir. Asimismo, se deberá establecer un programa masivo de regularización de las tierras que hoy están en manos de indígenas, consecuencia de herencias, cesiones, entre otros y que al no tener títulos inscritos no pueden acceder a beneficios estatales.
En este punto, los parlamentarios también proponen asociar el título de merced, títulos de comisario u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas a todas las comunidades hereditarias de una sola vez.
En cuanto al segundo ítem, el documento señala que, según los resultados de la encuesta Casen de 2011, las comunidades rurales, muestran un grave e histórico retraso en su desarrollo económica y social en comparación con el resto del país y su población, entre sus causas se mencionan: alta ruralidad dispersa y minifundio; tardía incorporación de La Araucanía al Estado de Chile; industrialización y desarrollo urbano; y débil organización.
Al efecto, los autores de la propuesta plantean la creación de una Corporación de Fomento Rural de La Araucanía cuyo objeto es ser agencia de alto impacto en el desarrollo productivo rural de Mapuche y no Mapuche, incrementando de esta forma la productividad y oportunidades de empleo de calidad mediante el fomento a la inversión, innovación y emprendimiento, con desarrollo sustentable y territorialmente equilibrado en la región. Además, propone la entrega de tierras con asesoría y asistencia técnica de calidad, asociada a maquinaria agrícola específica, con subsidio para compra de fertilizantes por al menos 10 años, de manera de elevar la productividad del suelo, y con financiamiento anual para gastos operacionales.
También proponen: aumentar la infraestructura rural; fomentar e incentivar por parte del Estado la participación efectiva en los beneficios que generan los proyectos de inversión; y establecer incentivos económicos o tributarios.
En el tercer ítem, el informe expone que la legislación vigente en nuestro país, ha sido insuficiente para efectos de poder abarcar y solucionar de un modo más integral la problemática relativa a la institucionalidad y a la participación política de los pueblos originarios. En este sentido, se propone: Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Originarios; la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y; el establecimiento de cuotas parlamentarios, regionales y locales para pueblos indígenas.
Finalmente, en el cuarto punto el documento señala que es un hecho público y notorio que en la Región de la Araucanía, desde hace décadas, se vienen produciendo hechos de violencia, que han cobrado víctimas fatales de origen Mapuche y no Mapuche, agricultores y parceleros, y también trasportistas que han sufrido graves lesiones, llegando al extremo de existir ciertas zonas en donde sus habitantes viven diariamente con el temor de ser objeto de ataques en contra sus vidas, integridad física y sus bienes.
En este contexto, es deber del Gobierno y Administración del Estado, encabezado por el Presidente de la República, cuya autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior de acuerdo a la Constitución y las leyes, proteger a los ciudadanos, cualquiera sea su origen étnico.
Así, el documento propone que el Consejo o Aukiñ antes aludido, deberá recopilar información que permita identificar a las víctimas de violencia, cualquiera sea su origen étnico para individualizar a los afectados; proponer medidas de reparación y compensación a las víctimas y; recomendar normas legales o reglamentarias tendientes al logro de sus objetivos. Además, propone que se deberá eliminar los beneficios, derechos y reparaciones que la propuesta señala, a todos aquellos condenados por hechos de violencia vinculados al conflicto en La Araucanía.
Vea texto íntegro del informe.
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