Establecer un costo referencial, una tasa máxima de rentabilidad y crear un Observatorio de precios son las alternativas que barajan las autoridades de Salud para poner coto a la inmensa diversidad y disparidad de precios de los exámenes, luego una investigación dada a conocer por la Superintendencia de Salud.
Dichas medidas fueron dadas a conocer tras una reunión que sostuvieran la Ministra de Salud, Carmen Castillo, el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, y el senador Girardi.
El senador Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado, afirmó que es fundamental la investigación de la Superintendencia, “pero esta información no debe servir sólo para indignarse sino que para buscar la forma de terminar con abusos inaceptables pues la salud no es un bien de consumo más y no se puede optar por otra alternativa pues la vida está de por medio”.
El legislador afirmó, además, que en ese mercado “no existen precios de referencia y hay una asimetría total de información. Los pacientes no tienen como saber si lo que le cobran es aceptable o no. Un examen de electrolitos plasmáticos cuesta $ 813 en un laboratorio y $12.700 en una clínica. Es decir un 1.500% más pese a que los reactivos, procedimientos y protocolos son similares”.
Para el senador Girardi esta situación causa “una escalada inflacionaria y las isapres cobran más por sus planes o entregan una menor cobertura. Y esto se agrava pues las clínicas cobran mucho más por un examen cuando la persona está hospitalizada –una suerte de rehén- que cuando lo hace de manera ambulatoria”.
El congresista propuso “establecer un precio referencial para que, a través de una página web u otro método, el paciente sepa a qué atenerse antes de tomarse la muestra, y crear una banda de precios o un tasa máxima de rentabilidad que se puede aplicar a un examen determinado”.
Finalmente, el parlamentario agregó que “las clínicas privadas deben existir pero tienen que funcionar con un mínimo de trasparencia y ética. Son instituciones de salud y el cobro por sus prestaciones no puede ser excesivo”.
Por su parte, la Ministra Castillo afirmó que “este es el inicio de un trabajo donde analizaremos la investigación realizada y veremos cómo tener de manera permanente la disponibilidad de los precios reales”.
La autoridad agregó que “estamos trabajando con el Instituto de Salud Pública (ISP) en un Observatorio de Precios para Medicamentos y se podría hacer algo similar para los exámenes. Esta es una alternativa a discutir, pero es muy importante que las personas puedan acceder rápidamente a comparar precios”.
En tanto, el Superintendente de Salud, Pavlovic, afirmó que la investigación busca “aportar antecedentes para efecto de abrir desde la evidencia una discusión pública para mejorar la regulación y proteger los derechos de los usuarios en salud”.
Aclaró, también, que “este es un estudio sobre las prestaciones financiadas por las isapres durante un año calendario. Por tanto puede haber efectos de reajustes o estos precios pueden estar asociados convenios diferentes, firmados en épocas distintas y agregarle horarios hábiles o inhábiles y una serie de algoritmos y combinaciones que pueden explicar el efecto”.
A pesar de ello, para el Superintendente de Salud, más importante que “la distinta cantidad de precios detectada es la excesiva diferencia entre unos y otros que no se justifica y no se explica por la estructura de costo”.

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