En una reciente publicación denominada “Derecho y política” el académico español Andrés Batancor trata sobre las relaciones entre los ámbitos respectivos de los jueces y la Política (la discusión).
Al efecto, expone el texto que la Política y el Derecho son dos esferas autónomas de acción social humana (Weber dixit), que responden a principios epistemológicos y constitutivos diversos (aunque no opuestos) y que deben mantener su separación cuidadosa en una democracia constitucional, sin inmiscuirse indebidamente. Esto es una pura obviedad. Quizás no lo sea tanto, sin embargo, el recordar que entre estas dos esferas de actuación existe una relación muy particular, existe un orden serial o lexicográfico. Es decir, que están ordenadas entre sí de manera que es el orden jurídico el que establece el suelo mínimo de la política, y que por ello ésta sólo puede entrar a jugar allí donde el Derecho se lo permite. Y no al revés. La demoprotección es previa a la demoparticipación (Sartori).
Así, agrega el autor que en un orden democrático constitucional es la norma la que establece la forma en que la política puede operar (institucionalidad procedimental) y el ámbito material del que puede tratar (asuntos vedados). Es característica constitutiva de esta clase de democracias la de que fijan necesariamente un ámbito de derechos y principios que están más acá de cualquier decisión política, lo que algún autor ha llamado “el coto vedado” y otro “la esfera de lo no decidible”. La política no puede actuar sino a partir de la existencia y respeto a ese núcleo intangible, cuya vigilancia está atribuida precisamente a la jurisdicción constitucional. Por eso, cuando un tribunal fiscaliza una actuación política por contraria o desconocedora de algún elemento integrante del “coto vedado” no está judicializando la política en ningún sentido del término, sino recordando que el suelo institucional y de derechos fundamentales está “antes” que la esfera de libre decisión política. Poniendo orden donde éste se había ignorado.
Es llamativo, señala la publicación, que dos de las tensiones más presentes en la actualidad de nuestras democracias provengan precisamente de las propuestas —no relacionadas entre sí— para redefinir la esfera de lo indecidible. En efecto, tenemos por un lado a quienes propugnan ampliar substancialmente el núcleo de los derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional (incluir como tales derechos subjetivos exigibles el derecho a la salud, o a un mínimo vital, o al trabajo), buscando de esta manera blindar tales derechos frente a las políticas que la contingencia futura exija. Al final, el “coto vedado” incluiría todo lo que es realmente importante para la vida del ciudadano, y sería administrado por los jueces. Para la política quedaría sólo un pequeño ámbito de decisiones no muy relevantes (Ferrajoli o Garzón Valdés). Es una tendencia intelectual muy apreciada por los mismos progresistas que se quejan sin embargo de la reducción o de la judicialización de la política con frecuencia.
Y la segunda tensión, indica el texto, no por silenciosa menos trascendente, es la de substraer al juego político nacional ordinario todos esos campos que vienen ya decididos por instituciones o autoridades supranacionales, sobre todo por las europeas. El vaciamiento de la política se está llevando a cabo ante nuestros ojos cada vez que se externaliza una decisión al ámbito europeo, un ámbito que se caracteriza precisamente por presentarse como “puro Derecho” y es de hecho el “espacio de la no-política”. La Unión Europea funciona como pura administración de normas arcanas, exenta del juego de la política. Aquí suelen ser los conservadores que tanto aprecian de palabra la institucionalidad constitucional los que gustan de excusar sus decisiones bajo el paraguas de lo supranacional.
De esa forma, concluye el autor expresando que el gran problema para una tal redefinición del Derecho es que requiere de dos condiciones políticas que hoy por hoy parecen aquí inalcanzables. La primera, la de una tranquila confianza en sí mismo por parte del sistema en su conjunto: sólo desde la confianza en el mejor valor de su oferta puede un sistema aceptar su cuestionamiento. La segunda, la mutua lealtad de los actores políticos implicados, sobre todo de los nacionalistas, tan inclinados siempre a contemplar como mercadeo inestable cualquier intento de redefinición de España. ¿Aceptarían los secesionistas debatir y pergeñar entre todos este nuevo Derecho? ¿Se someterían a él?
RELACIONADO