Escriben: “Independencia del Poder Judicial como garantía de la vigencia efectiva de los derechos humanos”.

En un artículo publicado recientemente, Martha Rodríguez de Dib, jueza argentina, analiza la independencia del Poder Judicial, a fin de lograr la efectiva concreción de los Derechos Humanos en el marco del Estado Democrático de Derecho, poniendo el acento en la independencia interna del juez que le otorgará aptitud y actitud para cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, siendo inadmisible responsabilizar a los magistrados por el contenido de sus sentencias.

En primer lugar, la autora señala que, en la consideración de la independencia en la toma de decisiones del Poder Judicial, cabe partir de la base teórica según la cual, el juez juzga o debería juzgar, desde los Derechos Humanos y Constitución para transformar la realidad con justicia, por lo que la auténtica función judicial requiere considerar que el Derecho es una obra cultural humana que procura justicia, en la cual la realidad es filtrada por los valores para así producir salidas transformadoras, a través de normas que sólo serán jurídicas cuando sean justas y conductas que, cuando emanan del Poder Judicial, lo legitiman en tanto se aplique el menú normativo precedentemente indicado, el que constituye, sin dudas, la base de todo el ordenamiento jurídico y por lo tanto, de él debe partir el juez.

Así, se debe recordar que todo estado democrático de derecho requiere como fundamental pilar el respeto irrestricto a la separación de poderes, según la cual la creación de leyes corresponde al Poder Legislativo, al Ejecutivo hacerlas cumplir y al Judicial la aplicación de las normas en la solución de conflictos controlando al Ejecutivo y al Legislativo de consuno con el principio de legalidad. Por tanto, no es posible pensar en una efectiva protección de los Derechos Humanos, ni menos aún en la concreción efectiva de la Constitución y en definitiva en de la República, sin base y sustento en un Poder Judicial independiente, imparcial, con jueces capacitados, con todas las herramientas necesarias para cumplir con su cometido institucional que no es otro que garantizar la efectiva vigencia del Bloque Federal Constitucional, es decir, Constitución Nacional más Pactos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.