Recurso de casación en el fondo desestimado.
CS determina que para la constitución de derecho de aprovechamiento es necesario que previamente el solicitante acredite el respectivo dominio del inmueble.
Tratándose de bienes fiscales esta autorización debe ser dada por el Ministerio de Bienes Nacionales.

La Corte Suprema desestimó el recurso de casación en el fondo interpuesto por la empresa reclamante en contra de la sentencia que rechazó la reclamación deducida en contra de la Resolución Exenta N°1585, emanada de la Dirección General de Aguas, por la que se desestimó la reconsideración pedida respecto de la Resolución DGA Atacama N° 792, que tuvo por desistida la solicitud de constitución de un derecho de aprovechamiento sobre aguas alumbradas por la empresa reclamante por no acompañar dentro de quinto día hábil la autorización del Ministerio de Bienes Nacionales, dueño del predio en que se ubica la captación en que se pretendía constituir el derecho.
No era legalmente procedente, afirma la Corte, la solicitud de concesión del derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas solicitado por la reclamante, por no haberse acreditado la condición prevista en el artículo 24 inciso 2° del Decreto N°203, por lo que la Dirección General de Aguas se encontraba impedida de acceder a la solicitud. En efecto, la petición del recurrente dice relación con la constitución de derechos de aprovechamiento sobre aguas subterráneas cuyo punto de captación se encuentra en predio ajeno, sin que la aquiescencia del dueño se hubiere acompañado a la solicitud respectiva, por lo que la sentencia de la Corte de Apelaciones ha resuelto correctamente la cuestión jurídica que le ha sido planteada.
La sentencia agrega, que no exime al reclamante de su obligación legal de acompañar la autorización del Ministerio de Bienes Nacionales al tenor de lo que dispone el artículo 24 del Decreto N°203 para obtener de la DGA la constitución del derecho de aprovechamiento de aguas, la excusa de no haber podido obtener el permiso pese a haberlo solicitado con antelación, pues tal constituye una gestión administrativa de responsabilidad del peticionario y consecuencialmente escapa de las normas establecidas en el Código de Aguas.
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