Debe tener carácter de ordenanza.
CGR determinó que no se ajusta a derecho decreto Alcaldicio que regula instalación de torres de soporte de antenas y sistemas radiantes.
El dictamen advierte que una serie de disposiciones de la ordenanza en análisis se apartan de la LGUC en cuanto a las definiciones que contienen.

Se consultó a la Contraloría General de la República –por parte de Telefónica Móviles Chile S.A.– acerca de la legalidad del decreto alcaldicio N° 337, de 2015, de la Municipalidad de La Reina, que aprueba la ordenanza municipal que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, en bienes municipales o nacionales de uso público, pues a su juicio, habría sido dictado al margen de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), y de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) contenida en el D.F.L. N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en los aspectos que detalla.
Al respecto, el ente contralor recuerda que de conformidad a su jurisprudencia administrativa contenida –entre otros- en los dictámenes N°s. 64.227, de 2009; 13.554, de 2013; y, 24.266, de 2017, ha manifestado que al dictar ordenanzas los municipios no pueden exceder el marco jurídico normativo de la materia que regulan, como tampoco establecer mayores requisitos, exigencias o restricciones que los que hubieren sido impuestos por la ley o por las normas dictadas por los órganos competentes, pues lo contrario implicaría actuar en contravención al principio de juridicidad que consagran tanto la Constitución Política como la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Enseguida, la Contraloría General precisa que, pese a que la denominación de la ordenanza de que se trata indica que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones “en bienes municipales o nacionales de uso público”, ésta también fija reglas relativas a los procedimientos de aprobación en general de los respectivos permisos y sus entes reguladores, a las zonas preferentes y a los derechos municipales.
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