Opinión.
Escriben «A propósito de la STC sobre la Justicia Gratuita obligatoria y las indemnizaciones a procuradores».
Ese derecho constitucional de la tutela judicial efectiva al más desfavorecido es una obligación del Estado que se transmuta al profesional, y eso no es justo.

En una reciente publicación del medio español Confilegal se da a conocer el artículo “A propósito de la STC sobre la Justicia Gratuita obligatoria y las indemnizaciones a procuradores”, por Rocío Sampere, procuradora.
Recuerda que el Tribunal Constitucional, el día 4 de octubre, se pronunció ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 50 diputados de Podemos sobre la obligatoriedad de la Justicia Gratuita para los abogados y procuradores. Y se han valorado criterios de libertad, dignidad, tutela judicial efectiva, de remuneración suficiente y libertad de empresa.
El Tribunal no comparte el criterio de los recurrentes y subraya que el servicio de asistencia jurídica gratuita es obligatorio y que esa condición se modula hacia los Colegios Profesionales, que lo prestan, lo regulan y lo organizan, y abonan indemnizaciones a favor de los profesionales que realizan la prestación.
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