CS revocó sentencia y rechaza reclamación contra Superintendencia de Educación deducida por colegio en caso de violencia escolar.

La Corte Suprema acogió el recurso de apelación y rechazó la reclamación deducida por la Corporación Educaciones para el Desarrollo Social y del Conocimiento América contra la Resolución N° 2351 de 27 de diciembre de 2017, dictada por la Superintendencia de Educación, que rechaza la reclamación deducida en contra de la Resolución Exenta Nº 2016/PA/13/0840 de 11 de marzo de 2016, que la sanciona con una multa de 51 UTM por no garantizar un justo proceso que regule las relaciones de los miembros de la comunidad escolar.

La reclamante sostuvo que la fiscalizadora de la Superintendencia de Educación realizó una calificación jurídica fuera de la órbita de sus competencias, al indicar que el colegio mantenía un Reglamento interno incompleto, que no garantiza el debido proceso. Esta última frase, a su entender, corresponde a un juicio normativo pues el contenido del debido proceso es construcción doctrinaria y jurisprudencial. Por otro lado, hace hincapié en que el Reglamento cuestionado desarrolla en diversas partes la garantía del debido proceso.

Agregó, en cuanto al segundo cargo, que dice relación con no haber aplicado el Reglamento Interno correctamente, al no citar al apoderado reclamante de acuerdo al protocolo de actuación en caso de maltrato escolar, que ello no es efectivo, porque no estaba obligado a enviar carta certificada alguna, ya que el Reglamento aludido contempla dicha notificación para el caso en que se active el protocolo por denuncia de acuerdo al conducto regular, lo que el apoderado en cuestión no efectuó. Indica que el reclamo realizado por el apoderado ante la Superintendencia de Educación fue motivado por la aplicación de una medida disciplinaria que no fue apelada, por lo que tampoco se inició el procedimiento de revisión de la misma, lo que es responsabilidad del propio apoderado y no del establecimiento. Finalmente, alega que la reclamada no habría ponderado correctamente la atenuante al momento de establecer la sanción, lo que permitió aplicar una sanción gravosa e impidió que la autoridad recalificara la falta a una leve.