Diario Constitucional

En fallo con disidencia.

CS confirmó sentencia que rechazó amparo contra Ministro del Interior y Jefe del Departamento de Extranjería y Migración por decretar expulsión de ciudadano colombiano.

El amparado estimó vulnerada su libertad individual.

Por Redacción·23 de septiembre de 2019·2 min de lectura
CS confirmó sentencia que rechazó amparo contra Ministro del Interior y Jefe del Departamento de Extranjería y Migración por decretar expulsión de ciudadano colombiano.
Referencial

Con disidencia, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y rechazó amparo interpuesto por ciudadano colombiano contra Ministro del Interior y Seguridad Pública y Jefe del Departamento de Extranjería y Migración por decretar su expulsión de Chile.

En su escrito, la parte recurrente arguyó que, en síntesis que, en el año 2018 la autoridad dispuso el proceso de regularización extraordinaria de permanencia en el país, con el objetivo que extranjeros que se mantenían en situación irregular y que no mantuvieran antecedentes penales tanto en su país de origen como en Chile pudieran optar a una visa temporaria de 1 año. En dicho contexto, se inscribió en el proceso de regularización cumpliendo la primera etapa, refiriendo que se informó de forma extraoficial que el Departamento de Extranjería y Migración a través de Resolución Exenta, rechazó la solicitud por condenas de tráfico de estupefacientes en su país de origen.

En su sentencia, la Corte de Apelaciones de Antofagasta indicó, en síntesis que, a la luz de los fundamentos expuestos, la decisión de la autoridad migratoria se basa en antecedentes de hecho que justifican su proceder, actuando con sujeción a las normas en la materia, desestimándose que la decisión carezca de razonabilidad, pues la comisión de un delito constituye aquellas situaciones contempladas por nuestro legislador en el artículo 15 N° 2 de Ley de Extranjería, cuya realización por su gravedad y bienes jurídicos afectados, descartándose en definitiva la ilegalidad de la decisión y la afectación de la garantía constitucional reclamada.

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