Recientemente, la autora argentina Sabrina Castro publicó un análisis sobre las bases neurológicas del agresor sexual, y la impostergable necesidad de incorporar mayores herramientas psiquiátricas al momento de juzgar sus crímenes.
En el documento, se comienza explicando que es claro que los aportes de la Psiquiatría Forense, Psicología Forense, Biología y Neurología, así como las Neurociencias integradas permiten, conocer cada vez más sobre las disfunciones que provocan o -cuanto menos- coadyuvana las conductas criminales; sea que tales disfunciones estén vinculadas a alteraciones en los circuitos inhibitorios vinculados a las cortezas pre-frontales del cerebro, a alteraciones o déficits endócrinos, a alteraciones en sistema de neurotransmisores cerebrales, etc.
Enseguida, la autora reflexiona que no puede dejar de considerar esto como verdaderos hallazgos científicos, y terminar de convencerme de que se necesita imperiosamente examinar más profundamente el cerebro del abusador sexual en cada caso en particular, antes de arribar a su condena. Sólo así la sentencia podrá ser justa (en sentido estrictamente jurídico, no moral), mal que nos pese.
Luego, el trabajo expone que es por ello que, si el norte rector de esta presentación debió ser la imparcialidad, por encima de la repugnancia y desprecio que puedan provocar las conductas de agresión sexual, pues debo concluir, en base a las aproximaciones expuestas, que resulta inminente la necesidad de que los criminales sexuales deban ser sometidos a un tratamiento diferencial al momento de ser peritados, si se quiere más exhaustivo, debiendo los distintos estratos judiciales apoyarse con mucho más énfasis en los conocimientos, evaluaciones y tratamientos (incluso preventivos) que tiene para ofrecer y proporcionar la Psiquiatría Forense y las Neurociencias.
Posteriormente, el documento aduce que ello implicaría necesariamente, un Estado más entrometido en el juzgamiento de delitos de esta naturaleza, puesto que requeriría mayores costos, insumiría más tiempo, exigiría instauración y aplicación de más y mayores políticas criminales… y en este punto me permito dudar si realmente hay predisposición del Estado para depositar tanta energía, recursos, tiempos y medios en aplicar medidas más justas para quienes la propia sociedad considera cuasi monstruos.
Finalmente, se concluye que así las cosas, ya no solo se trataría de exigir un cambio profundizado de normas procesales y políticas criminales (que incorporen la obligatoriedad de estudios y test reconocidos internacionalmente para evaluar las bases neurológicas de estos criminales, entre otras cosas), sino un cambio de mentalidad a nivel socio-cultural que permita reconocer -objetivamente- que los criminales sexuales, no en todos los casos deben ser juzgados de la misma manera que una persona psíquica y neurológicamente sana. Finiquita señalando que no cree que la Argentina actual esté preparada para tanto. Sin embargo, el debate merece ser planteado.
Vea texto íntegro de la publicación.
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