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Segunda sala.

Impugnan ante el TC norma sobre notificación del Código Tributario que vulneraría el debido proceso de una Compañía Minera.

Las gestiones pendientes inciden en autos de apelación de incidente, de que conoce la Corte de Copiapó.

21 de octubre de 2019

Se solicitó mediante la presentación de dos requerimientos, declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso primero del artículo 171 del Código Tributario al Tribunal Constitucional.

El precepto impugnado establece, en lo que interesa al requerimiento, que “La notificación del hecho de encontrarse en mora y el requerimiento de pago al deudor, se efectuará personalmente por el recaudador fiscal, quien actuará como ministro de fe, o bien, en las áreas urbanas, por carta certificada conforme a las normas de los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 11 y artículo 13, cuando así lo determine el juez sustanciador atendida las circunstancias del caso. Tratándose de la notificación personal, si el ejecutado no fuere habido, circunstancia que se acreditará con la certificación del funcionario recaudador, se le notificará por cédula en los términos prevenidos en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil; en este caso, no será necesario cumplir con los requisitos señalados en el inciso primero de dicho artículo”.

Las gestiones pendientes inciden en autos de apelación de incidente, de que conoce la Corte de Copiapó, en los que la Compañía Minera requirente es ejecutada en juicio contra Tesorería General de la República, teniéndose por emplazada y continuando la ejecución en su contra, a pesar de que la cédula habría sido entregada a una persona desconocida por la empresa.

La requirente estima que el precepto impugnado infringe el debido proceso, toda vez que permitir que una norma procedimental sobre notificaciones se aplique en el sentido de prescindir de la certeza sobre si vive o trabaja en el lugar en el que se le pretende notificar o si, a lo menos, se encuentra en el lugar del juicio, vulnera abiertamente la racionalidad y justicia que por exigencia constitucional debe informar a toda norma procedimental y la convierte, por tanto, en inconstitucional.

La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite las impugnaciones, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declaren admisibles, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de los requerimientos.

 

 

Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N° 7631-19.

 

 

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