La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente este año es inusual. Mientras el mundo busca cómo combatir la pandemia y reducir los impactos económicos y sociales, la naturaleza nos hace un llamado más fuerte para protegerla. Esa conexión inexorable entre naturaleza y energía es movimiento, es fuerza, es transformación.
El cambio climático, aunque se desarrolla más gradualmente, implica riesgos y desafíos tan grandes como los presentados por el COVID-19. Ambos no respetan los límites geográficos, ponen vidas en riesgo y exigen acciones a gran escala de los gobiernos.
En medio del trágico costo económico y humano, la pandemia ofreció beneficios ambientales inusuales en abril pasado, como un aire más limpio y menores emisiones de carbono. Según la Agencia Internacional de Energía, se espera que las emisiones globales de CO2 disminuyan en casi un 8 % este año, la mayor reducción en la historia. Estos datos, si bien muestran el lado positivo de un momento crítico para la humanidad, también destacan el gran desafío que se avecina. Los costos sociales de la recesión muestran que esta no es una solución para reducir de manera estructural las emisiones. El camino para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París debe pasar por el desacoplamiento entre el crecimiento económico y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los gobiernos han respondido al COVID-19 con un aumento sin precedentes en el gasto público, que definirá la infraestructura de los países en las próximas décadas. Aprovechar este momento para la implementación de paquetes de estímulo “verde” es el camino para que la recuperación de la economía ponga al mundo en la dirección correcta. Las crisis del COVID-19 y la crisis climática están vinculadas umbilicalmente, la forma en que los gobiernos elijan enfrentar el daño causado por el primero definirá cómo la humanidad estará preparada para enfrentar el segundo.

El tiempo para un impuesto al carbono
Hacer frente al daño económico causado por la pandemia tendrá un gran impacto en la salud financiera de los gobiernos. El aumento del gasto público en un momento en que la economía y, en consecuencia, los ingresos fiscales caen en picada, ejercerá presión sobre el déficit público. La eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles es pues una prioridad para avanzar en la mejora de las finanzas públicas de varios países de la región y para además tener un impacto positivo en el medio ambiente. En el año 2017, los subsidios al combustible en América Latina y el Caribe superaron los USD $193 mil millones, siendo los cinco países con valores más altos México (USD $ 51.23 mil millones), Brasil (USD $40.71 mil millones), Venezuela ($30.88 mil millones), Argentina ($17.72 mil millones) y Colombia ($13.89 mil millones).
Adicionalmente, la implementación de un impuesto al carbono es una forma alternativa de aumentar los ingresos que no dependen de un aumento en los impuestos sobre el trabajo o los ingresos. Es un mecanismo eficiente “basado en el mercado” que envía un mensaje claro de que el contaminador debe pagar las emisiones. La tasa al carbono, al aumentar el precio de los productos contaminantes, asegura que los consumidores tomen decisiones de compra e inversión, teniendo en cuenta el cambio climático. Asimismo, incrementará el precio de los combustibles fósiles en función de las emisiones de carbono de cada fuente de energía, alentando a los usuarios de carbón, con alto contenido de carbono, a reemplazarlo con gas natural, con menor contenido o con fuentes renovables.
Este impuesto también fomenta la sustitución de bienes y servicios con alto contenido de carbono por tecnologías bajas en carbono. Los precios del carbono brindan a las empresas un estímulo para la innovación tecnológica y la seguridad regulatoria a largo plazo necesaria para invertir capital de manera eficiente en soluciones que reducen el riesgo climático.

El momento actual es oportuno para la fijación de precios del carbono
El precio del petróleo cayó de una manera sin precedentes. Hace seis años, el petróleo se vendía por más de USD $100 por barril. Hoy, como consecuencia de la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia y la caída de la demanda causada por la crisis de COVID-19, el precio es de aproximadamente USD $35 por barril. Si, por un lado, desde el punto de vista del cambio climático, los precios del petróleo se han movido en la dirección equivocada, estimulando la demanda en un momento en que se debe desalentar el consumo de combustibles fósiles, ellos han creado espacio para la inserción de un impuesto al carbono sin mayor impacto en los consumidores.
La introducción de un precio del carbono en este momento tendrá un impacto menor en el consumidor y será más fácil que antes, cuando los precios del petróleo fueron mucho más altos y la gente se movía más. Además, actualmente tendría menos impacto que en el futuro cercano cuando la gente viaje nuevamente y el precio del petróleo sea de nuevo más alto.
Aun así, cuando se trata de la fijación de precios del carbono, inmediatamente vienen a la mente las protestas de los llamados “chalecos amarillos” en Francia. Las violentas protestas señalaron los peligros que los gobiernos de todo el mundo pueden enfrentar a medida que aumentan los precios del combustible, y especialmente la gasolina. Lo que la experiencia de Francia ha dejado en claro es que este tipo de impuestos deben ir acompañados de medidas que traten de compensar la pérdida desproporcionada que sufren los trabajadores de bajos ingresos, que no pueden darse el lujo pagar más por el combustible necesario para el transporte. Para maximizar la viabilidad política de un aumento en el impuesto al carbono, varios economistas y políticos han defendido la idea del “dividendo del carbono”, donde todos los ingresos se devolverían directamente a la población.
Por el momento, dadas las necesidades de estos recursos para los planes de recuperación económica, el retorno de todos los ingresos a la población no es viable. Sin embargo, parte de los ingresos recaudados por los precios del carbono podrían volver a la forma de ‘ingresos básicos’ para la población más necesitada. Esto incluso permitiría que los países que adoptaron, en el período COVID-19, medidas para apoyar a las poblaciones más vulnerables no necesiten suspender sus programas después del final de la pandemia. El ingreso básico proporcionaría a los hogares más pobres una mayor ganancia que la pérdida de ingresos causada por el impuesto al carbono, haciendo que el impuesto al carbono sea más justo y que los aumentos de combustible sean más aceptables.

Una oportunidad para los países de América Latina y el Caribe
Una de las preocupaciones que tienen los países con respecto a la fijación de precios del carbono es la posible pérdida de competitividad de sus productos en el mercado internacional y la consiguiente transferencia de actividades intensivas en carbono a otros países que tienen políticas menos restrictivas para combatir el cambio climático. Esta situación tendría un doble efecto negativo, además de implicar una pérdida económica para el país, implicaría un aumento de las emisiones en otros países, reduciendo o eliminando el efecto climático global positivo de la política de precios del carbono. Por lo tanto, varios países que han implementado o planean implementar el precio del carbono hablan de la necesidad de medidas que penalicen las importaciones de países que no adoptan políticas compatibles.
América Latina y el Caribe tiene mucho que ganar con la introducción de un impuesto al carbono. Su gran potencial para los recursos naturales y los bajos precios de las fuentes de energía renovables en la región significan que un eventual impuesto al carbono global aumenta la competitividad relativa de los productos en los países de la región. Más de una cuarta parte de la energía primaria utilizada en la región es renovable, que es el doble del promedio mundial. En cuanto a la generación de electricidad, la posición de la región es aún más envidiable. Casi la mitad de la generación de electricidad de la región proviene de fuentes renovables frente a menos del 25% del promedio mundial.
Las perspectivas de futuro para la región son muy buenas. La energía eólica, que es responsable de la mayor parte de la capacidad de energía renovable en América Latina, con más de 29 GW instalados en diciembre de 2019, tiene un enorme potencial de crecimiento. Según la Global Wind Energy Council (GWEC), la región podrá instalar 70 GW de energía eólica para 2030, lo que representaría el 12% de la capacidad eléctrica total. El potencial de la energía solar también es enorme. Un informe reciente de IRENA destacó que la capacidad de energía solar de la región por sí sola podría aumentar en un factor de 40 para 2050 a más de 280 gigavatios (GW), gracias a una abundante dotación de recursos y políticas de desarrollo.
La adopción de un impuesto al carbono por parte de los países de ALC pondría a la región a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Además de esto, permitiría a la región mantener los paquetes de incentivos necesarios para la reanudación del crecimiento económico y del empleo en el período posterior al COVID-19, lo haría posible mantener un ‘ingreso básico’ para la población más pobre y aumentar la competitividad de las empresas latinoamericanas, dado su acceso a energía renovable abundante y barata.

Vea texto íntegro del artículo del Banco Interamericano de Desarrollo.

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