Al no haber proporcionado el Departamento de Migración y Extranjería el formulario, imposibilitó que el recurrente diera inicio al reconocimiento de la condición de refugiado incurriéndose en un acto ilegal, constitutivo de discriminación.

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco y acogió un recurso de protección interpuesto por un ciudadano de nacionalidad cubana en contra del Departamento de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por la negativa a la recepción de su solicitud de refugio junto con sus antecedentes y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

El recurrente expuso que en diciembre del 2018 ingreso al país por un paso no habilitado, escapando de la persecución de los organismos de seguridad social de Cuba, y se dirigió a la oficina de migraciones de San Felipe a solicitar refugio, sin embargo, le negaron el ingreso y le indican que para regularizar su situación migratoria debe auto denunciarse, lo cual realizó, pero con el pasar de los meses le señalaron que no pueden solucionar su situación y que espere su carta de expulsión.

La Corte de Temuco, para rechazar la impugnación, tiene presente que el procedimiento formal de solicitud de asilo de conformidad a la Ley N 20.430, indica que ella debe formalizarse en los términos del artículo 1 inciso 2° del reglamento de la ley, que dispone que se entiende como solicitante de la condición de refugiado a todo extranjero que se encuentre en el territorio nacional y formalice su intención de ser reconocido. Esta formalización debe realizarse en cualquiera de las oficinas de Extranjería de manera presencial, debiendo completarse un formulario que es proporcionado por la autoridad migratoria y un anexo en el cual éste expone los motivos por los cuales debió salir de su país de origen, y demás antecedentes relevantes para decidir. Por otra parte, el artículo 6 de la citada ley previene que no se impondrán a los refugiados sanciones penales ni administrativas con motivo de su ingreso o residencia irregular, siempre que se presenten dentro de los 10 días siguientes a la infracción a la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile, ante las autoridades alegando una razón justificada. Y en concordancia con esta norma, el artículo 8 del Reglamento de la ley, dispone que los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deben presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello. Y el artículo 10 de la Ley de Extranjería, establece que corresponde a la Dirección General de Investigaciones controlar el ingreso y salida de los extranjeros y el cumplimiento de las obligaciones que este decreto ley les impone.