No es el recurso de protección la vía idónea para discutir los hechos denunciados en relación al cumplimiento del contrato de servicios educacionales celebrado entre las partes.

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que rechazó el recurso de protección deducido por un grupo de apoderados del Colegio San Ignacio Concepción en contra de la Fundación Educacional San Juan del Castillo, por el supuesto incumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales.

La negativa de la recurrida de acceder a la rebaja del arancel en un 50%, fundado en que aquella no cumple los parámetros mínimos del contrato, tales como la implementación de clases, apoyos pedagógicos, seguimiento de situaciones especiales; envío de guías sin una supervisión que realmente permita que el alumno aprenda y entienda las materias y, en general, una deficiencia absoluta en la prestación del servicio, es lo que motiva la interposición del recurso de protección.

La Corte de Concepción, tras dejar asentado que la pandemia por coronavirus es un hecho público y notorio que afecta al país y al resto del mundo, resuelve que la discusión sobre un supuesto incumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, celebrado entre las partes, es una cuestión claramente controvertida que no es posible dilucidar por medio del recurso de protección, debido a que por su naturaleza cautelar y procedimiento sumarísimo no resulta idóneo para discutir cuestiones que deben ser materia de prueba.