Libertad fijación precios.
CGR determinó que Superintendencia de Salud carece de atribuciones para intervenir en la fijación de precios de los planes de salud de las ISAPRES.
El ente contralor adujo esto, sin perjuicio de que dicha Superintendencia debe fiscalizar que ello se ajuste a las reglas previstas por el legislador.

Se ha dirigido a la Contraloría General de la República, un particular denunciando que la Superintendencia de Salud contraviene su función fiscalizadora de las instituciones de salud previsional -ISAPRES-, al permitir que estas incorporen, en el precio de sus planes de salud, los montos que deben solventar por concepto de costas judiciales a que son condenadas en los procesos incoados en su contra por sus afiliados por el alza de los precios de los mismos, de lo que da cuenta la publicación en su página web del documento relativo al Indicador Referencial de Costos de la Salud, de este año.
La Superintendencia de Salud señala que tal publicación es un artículo de prensa informativo para la ciudadanía, sobre la elaboración de dicho índice, en el cual se indica la incidencia que en este tienen los montos que las ISAPRES desembolsan por el anotado concepto y que no tiene atribuciones en la fijación de los precios de los planes de salud.
Al respecto, el ente contralor adujo que, el artículo 107 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, dispone que corresponde a la Superintendencia de Salud supervigilar y controlar a las instituciones de salud previsional, en los términos de la normativa que allí se señala, función que, como agrega el artículo 114, la ejerce a través de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud.
Te puede interesar

Flexibilidad presupuestaria.
CGR determinó que Decreto que reduce los presupuestos de los Gobiernos Regionales se ajusta al ordenamiento jurídico.

Permisos de circulación.
CGR determinó que Municipalidad de San Bernardo deberá adoptar medidas para ajustar su actuación a instrucciones impartidas por Subsecretaría de Transportes relativas a la vigencia de certificados de homologación individual.

Materia de ley.
CGR determinó que funcionarios públicos que desempeñan sus labores de forma remota o a distancia como consecuencia de la emergencia sanitaria que afecta al país, no tienen derecho a bono por gastos adicionales.

