Esto, a propósito de solicitud del diputado Leonidas Romero Sáez, a través de la cual requiere que se determine si procede lo señalado, cuando estos instrumentos no se están ejecutando por decisión de la autoridad debido a la pandemia por COVID-19 que afecta al país.

Esto, a propósito de reclamo de un particular en contra de la DIPRES ya que para ingresar al “Registro de Expertos en Evaluación de Programas e Instituciones Públicas” establecido por ese servicio, se exigen requisitos que, a su juicio, constituyen una barrera de entrada para los postulantes.

Esto, a propósito de solicitud de la CONADI, en la que solicita un pronunciamiento en orden a determinar si, en virtud de lo dispuesto por el artículo 20, letra b), de la ley N° 19.253, resulta procedente la entrega de una cantidad de dinero a título de indemnización como un mecanismo que permita solucionar los problemas de tierras cuando no sea posible la adquisición de terrenos.

El órgano contralor argumentó que los reclamos de la especie dicen relación con la supresión de horas, y no con la no renovación de contrataciones o prorrogas por un tiempo inferior, por lo que procede referirse al cumplimiento de la normativa que regula dicha medida a fin de determinar si los municipios se ajustaron o no a derecho al aplicarla.

Esto, a propósito de reclamo de particular sobre la Sección de Mediciones Psicométricas de Carabineros de Chile (SEMEP), por su negativa a renovarle la credencial que la habilitaba para desempeñarse como instructora de conducción en una escuela de conductores, fundada en la circunstancia de tener una anotación en su hoja de vida de conductor.

El ente contralor recordó que, respecto de la prescindencia política de los funcionarios de la administración del estado, cuando las autoridades afectas a estas instrucciones dispongan u organicen actos, ceremonias o eventos oficiales, que devenguen gasto público, deben procurar la igualdad de trato, en términos de oportunidad, entre los distintos sectores políticos, sea respecto de candidatos o autoridades en ejercicio.

Esto, a propósito de presentación de hija de fallecido quien solicita se le reconozca el derecho a que la pensión de orfandad por invalidez, quedada al fallecimiento de su padre, ex imponente de la antigua Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, se le otorgue a partir del 26 de febrero de 1990, ordenando su pago con efecto retroactivo más reajustes.

El Tribunal de alzada estableció que en la especie el recurso de protección no procede y que, además, los órganos recurridos actuaron dentro de sus atribuciones legales.

El ente contralor constató que causante fue exonerada por motivos políticos de Confecciones Burger, el día 14 de diciembre de 1977 y que, a la data de su deceso, ocurrido el 1 de diciembre de 1993, no había solicitado ser reconocida como tal.

El ente contralor explicó que entidad licitante debe iniciar un procedimiento de invalidación del acto administrativo que aprobó el contrato que se indica.