Por el acuerdo en cuestión, el ministerio, con el objeto promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia, pacta con su contraparte la mutua colaboración, a fin de facilitar el intercambio de la información necesaria para la investigación de la criminalidad organizada.
Contraloría General de la República
Contraloría se pronuncia sobre la denuncia en contra de gobernadores regionales por infracción a la ley N° 20.730 en relación al cumplimiento de la exigencia legal de registrar los viajes realizados tanto en Chile como al extranjero.
Contraloría General de la República precisó alcances sobre reajuste de remuneraciones en el sector público.
Contraloría potenciará fiscalización a servicios que se relacionan con emergencias, seguridad y delincuencia, afirmó Contralora (S) en su cuenta pública.
Contraloría exige a diversas instituciones públicas informar que medidas han adoptado para prevenir acciones de índole sexual y otras incivilidades en la vía pública.
Tras múltiples denuncias recibidas de actividades de índole sexual, consumo de estupefacientes y personas deambulando desnudas o defecando en veredas y otros espacios públicos en distintas zonas del país, el órgano contralor solicitó a una serie de instituciones públicas que informen sobre las medidas adoptadas para prevenir, evitar y sancionarlas, a fin de resguardar la seguridad, salubridad y salud públicas.
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo debe otorgar un nuevo plazo para concursar a una beca cuyas bases omitió publicar en un diario de circulación nacional.
La entidad omitió la publicación de la convocatoria a través de un aviso publicado en un diario de circulación nacional, situación que infringe el citado reglamento y las bases y, por tanto, no permite adjudicar dicho concurso sin su cumplimiento.
Negativa a autorizar a empresa de seguridad privada en la que uno de sus socios fue eliminado de Carabineros de Chile, se ajusta a derecho.
Para desarrollar actividades de seguridad privada, las empresas deben contar con una autorización otorgada por la institución policial, previa acreditación del cumplimiento de la idoneidad cívica de todos sus socios, administradores y representantes legales, entre otros requisitos.
Posibilidad de alcanzar por la vía del ascenso el grado jerárquico superior, constituye una mera expectativa que solo se concreta cuando se dicta el acto administrativo que dispone la promoción.
La decisión que no accedió al ascenso del recurrente fue dictada, en su momento, por la Policía de Investigaciones, que es el órgano facultado para pronunciarse al respecto. No tiene un derecho cierto, preciso e indubitado a ascender, y con su retiro se extinguió la alternativa de lograr tal ascenso.
CGR imparte instrucciones sobre aplicación de la resolución N° 1, de 2024, que exime del trámite de toma de razón los actos administrativos relativos a seguridad social que se indican.
El registro consiste en una mera anotación material o constancia de la dictación del acto administrativo de que se trata y no configura en sí mismo un control preventivo de legalidad, por lo que el documento exento produce todos sus efectos desde su emisión, independientemente del señalado registro, debiendo concluirse que su validez y eficacia no se subordina a ese trámite.
Contraloría imparte instrucciones sobre el destino de los fondos que perciben los municipios por el funcionamiento de los casinos de juego autorizados en sus respectivas comunas.
En virtud del principio de legalidad del gasto público, los municipios solo pueden destinar los fondos que perciban al cumplimiento de sus funciones legales y, además, deben ingresar tales recursos a su presupuesto.
No resulta procedente rechazar recursos administrativos por el solo hecho de haber sido presentados a través de medios electrónicos, más aún si la administración puede relacionarse por esa vía con los interesados.
No existe inconveniente en usar la vía electrónica para que los recursos presentados puedan ingresarse fuera del correspondiente horario de atención de público, en la plataforma contemplada al efecto.
Funcionario que no desempeña labores por encontrarse en prisión preventiva, no puede percibir remuneraciones por el período en que se vio privado de libertad, a menos que sea absuelto o sobreseído definitivamente.
Si el proceso penal finaliza por absolución o sobreseimiento definitivo, corresponde que se paguen dichas sumas, ya que en ese evento procede estimar que el funcionario ha estado impedido para desempeñarse en razón de un acto de autoridad constitutivo de fuerza mayor.
Para afiliarse a una junta de vecinos se debe tener a lo menos catorce años y residir en la unidad vecinal respectiva, circunstancia que debe ser efectiva y acreditada.
El secretario municipal deberá objetar la constitución de una junta de vecinos si advierte que ésta no cumple con las exigencias previstas, entre las que se encuentra que las personas que la conforman residan efectivamente en la unidad vecinal, y de no ser subsanadas en el término de noventa días, caducará la personalidad jurídica de la organización vecinal.
No procede otorgar feriado legal mientras un alcalde o funcionario público se encuentre privado de libertad por decisión de los tribunales de justicia.
Si un empleado ha sido detenido o sometido a prisión preventiva durante un juicio criminal y por ello se ausenta del servicio, no puede percibir remuneración, pero si el proceso aludido termina por absolución o sobreseimiento definitivo, procede el pago de dichas sumas.