TC escucha alegatos de admisibilidad de inaplicabilidad que impugna normas que determinarían competencia del Tribunal en causa de DD.HH en los que el procesado es acusado por homicidio calificado en el año 1973.

En audiencia celebrada ante la Segunda Sala del TC, se llevaron a cabo los alegatos sobre la admisibilidad de un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad respecto de: a) del inciso segundo del artículo 7° transitorio de la ley N° 19.665 de 9 de Marzo e 2000; b) del artículo 5 de la ley N° 20.968 de 22 de Noviembre de 2016; c) del artículo 560 N° 2°, del Código Orgánico de Tribunales introducido por el art. 11 de la ley N° 20.968 de 22 de Noviembre de 2016; d) de todas las disposiciones del Código de Procedimiento Penal; e) de las disposiciones de la ley N° 20.357 de 18 de julio de 2009, con excepción de su artículo 44; y f) del art. 1° de la ley N° 20.477 de 30 de Diciembre de 2010.

La gestión pendiente en la que incide el requerimiento trata de autos penales, en los que el requirente ha sido procesado y condenado como autor del delito de homicidio calificado, perpetrado en octubre de 1973, al interior de una base aérea en un intento de fuga de las víctimas. En los que se discute, actualmente, sobre si el homicidio materia de la causa es un delito común cometido en recinto militar por militares durante el estado de guerra, por lo que corresponde su conocimiento a la jurisdicción militar en tiempo de guerra, no obstante se ha abocado a su conocimiento a Ministro en Visita Extraordinaria por la Corte Suprema.

El requirente estima que las garantías constitucionales infringidas en el proceso son el derecho un procedimiento e investigación racional y justos, el debido proceso en relación a la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales y la libertad personal, en cuanto: (a) se ha dejado sin aplicar la legislación vigente en materia de extinción de la responsabilidad penal por amnistía y prescripción; (b) se ha restringido su libertar personal por estar en libertad condicional bajo fianza y, además, por estar condenado a 12 años de presidio mayor en su grado medio; (c) al conocer el Ministro en Visita Extraordinaria sobre su causa sin tener jurisdicción para ello, se ha constituido de hecho un comisión especial unipersonal.