Bajo el titulo “Indulto a violentistas: absoluta falta de sustento”, una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo observa que luego que varios candidatos electos de la Lista del Pueblo en la nueva Convención Constituyente anunciaran que no se sentarán a dialogar mientras no se libere a los “presos de la revuelta”, la discusión sobre el indulto por los delitos cometidos durante las protestas que se dieron a partir del 18 de octubre de 2019 ha vuelto al foco del debate público.
Refiere la publicación que tanto la Corte Suprema, como el Ministerio Público, que ya antes habían manifestado su rechazo al proyecto de ley, vuelven a intervenir en el debate. Mientras la Corte criticó la invasión de las atribuciones de los tribunales de justicia y puso de relieve las numerosas falencias técnicas del proyecto, el Ministerio Público reveló datos sobre los eventuales beneficiarios del indulto general, incluyendo el número de personas que podrían recibirlo, los delitos que han cometido, la duración de los procesos y las medidas cautelares a que se encuentran sujetos, y observa que lejos de tratarse de un beneficio para un grupo amplio de la población carcelaria, el indulto beneficiará a un grupo muy reducido de personas, todos los cuales han cometido delitos gravísimos. Descarta, además, que haya habido una duración excesiva de los procesos o un abuso de la prisión preventiva.
Enseguida critica que los constituyentes electos formulen este tipo de presiones porque supone una clara extralimitación de sus facultades. Así como el Congreso no puede intervenir en los procesos judiciales, tampoco pueden los convencionales presionar para que se legisle en uno u otro sentido, agrega la publicación, la que además censura que se condicione el diálogo a la liberación de un grupo de personas que han cometido actos de violencia, y reclama un compromiso estricto con el cumplimiento de las reglas y el rechazo a toda forma de violencia porque de lo contrario resulta muy difícil construir las confianzas necesarias para alcanzar un acuerdo constitucional amplio y representativo, que tenga como resultado una Constitución legítima.
La información proporcionada por el Ministerio Público revela que ninguna de las personas que están sujetas a prisión preventiva está siendo perseguida por delito de “desórdenes públicos”, en cuyo caso cabría argumentar que se ha producido una sobrerreacción punitiva, por lo que no se puede hablar de una “criminalización de la protesta”, tanto más sí sólo existe el derecho a las reuniones pacíficas. El derecho a la protesta violenta no existe y las cifras desmienten la idea de que en Chile hay “presos políticos” que según las directrices de Amnistía Internacional “sólo incluye prisioneros de conciencia.”
Agrega la publicación que, en un contexto de separación de poderes, en que los procesos penales son dirigidos por un Ministerio Público autónomo ante tribunales de justicia independientes, resulta al menos temerario afirmar que se ha infringido el debido proceso sin aportar ninguna prueba.
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Enseguida se controvierte que la duración de los juicios sea desmedida, ni menos que pueda atribuirse una intencionalidad política a este (inexistente) exceso de duración, y si la hubiere dicha demora se debe a razones que impactan a todo el funcionamiento del sistema de persecución penal y que debe discutirse en su propio mérito.
En una reflexión final, la publicación señala que el proyecto de ley de indulto carece de todo sustento técnico y observa que, si el debate constitucional no parte de la base de que toda forma de violencia es ilegítima, resulta muy improbable que se alcance un acuerdo constitucional amplio, nacido de un diálogo honesto y capaz de dar origen a una Constitución que nos represente a todos.
Agradezco a LyD por la publicación que informa sobre porqué no procede un indulto y las consecuencias que ello conlleva. Asimismo, se advierte sobre la calidad y tipo de delitos sobre los cuales se quiere indultar. Una vergüenza.