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Financiamiento de campañas electorales.

Proyecto de ley exige a candidatos declarar ante el SERVEL todo aval, hipoteca, gravamen, o derecho personal o real que garantice un préstamo, aporte o financiamiento electoral que lo beneficie, cualquiera sea el título, acto o contrato que lo contenga.

De un total de 58 candidatos y 4 partidos políticos a los que se les solicitó la información respecto a las solicitudes de préstamos y sus avales y/o garantías, existen 25 candidatos que no entregaron los documentos con la información solicitada, y también un partido político que indicó tener un acuerdo de confidencialidad con sus avales, por lo que la información no podía ser revelada.

27 de julio de 2021

La moción, presentada por la Senadora Yasna Provoste y los Senadores Pedro Araya, Carlos Bianchi, Alejandro Navarro y Jaime Quintana, tiene por objeto obligar a los candidatos a cargos de elección popular a declarar sus avales y toda garantía real o personal respecto de los créditos que suscriban para financiar sus respectivas campañas electorales.

De acuerdo con el proyecto, el actual esquema de financiamiento de campañas políticas se estructura, por una parte, a partir de aportes del Estado mediante anticipos a candidaturas independientes y partidos políticos, y por otra, de aportes del propio candidato, créditos con instituciones financieras y aportes de personas naturales o partidos políticos.

Estudios realizados al efecto indicaron que un grupo de 51 directores y directoras de Administradoras Generales de Fondo y de Administradoras de Fondos de Pensiones, aportaron un total de $256.626.606 a diversas campañas del partido Republicano, UDI, RN y Evópoli.

En ese contexto, de acuerdo a los patrocinantes, resulta necesario detenerse en la figura de los créditos con mandato, esto es, préstamos entregados por los bancos a los candidatos con cargo al dinero que el Servicio Electoral (“SERVEL”) entrega por cada voto recibido, en donde el SERVEL no fiscaliza quienes son los avales de los préstamos solicitados referidos. En esta situación, cualquier tercero puede respaldar estos créditos, dándose paso a la figura de los avales anónimos.

Ante esta situación, el medio de comunicación Ciper Chile investigó el asunto, señalando que, “de un total de 58 candidatos y 4 partidos políticos a los que se les solicitó la información respecto a las solicitudes de préstamos y sus avales y/o garantías, existen 25 candidatos que no entregaron los documentos con la información solicitada, y también un partido político que indicó tener un acuerdo de confidencialidad con sus avales, por lo que la información no podía ser revelada”. Entre quienes no enviaron la información solicitada se encuentran la alcaldesa de Santiago, Iraci Hassler, y la convencional Teresa Marinovic, mientras que el partido político es Evópoli.

Como esta situación no se encuentra recogida por la legislación actual y el SERVEL no cuenta con las atribuciones para fiscalizar al respecto, los autores de la moción  proponen modificar la Ley N0 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, para intercalar un nuevo inciso en su artículo 9, del siguiente tenor:

«Sin perjuicio de lo anterior, los candidatos deberán declarar ante el Servel todo aval, hipoteca, gravamen, o derecho personal o real que garantice cualquier préstamo, aporte o financiamiento electoral que lo beneficie, sea cual sea el título, acto o contrato que lo contenga.»

El proyecto pasó a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado para su discusión y posterior votación.

Vea texto de la moción, su discusión y análisis en Boletín N°14484-06.

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