La moción, patrocinada por los Diputados Jorge Alessandri, Miguel Ángel Calisto, Marcos Ilabaca, Harry Jürgensen, Benjamín Moreno, Leonardo Soto, Luis Sánchez, Cristóbal Urruticoechea y las Diputadas Chiara Barchiesi y Camila Flores, moderniza la gestión de Conservadores, Notarios y Archiveros judiciales.
Los autores del proyecto señalan que un estudio realizado por la Fiscalía Nacional Económica concluyó que si bien el sistema registral ha cumplido un rol relevante en otorgar seguridad jurídica en el país, se encuentra desactualizado, ya que su costo es alto y poco eficiente. Ello en base a sus hallazgos, que incluyeron importantes ineficiencias, mala asignación de recursos, rentas monopólicas y costos indirectos, entre otros.
Exponen que para superar estas fallas, los sistemas y tecnologías existentes constituyen una oportunidad para impulsar un sistema notarial y registral con mayores niveles de eficiencia y productividad, resguardando la certeza jurídica que identifica al modelo existente
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En virtud de lo anterior, la iniciativa legal, a través de un artículo único, establece lo siguiente:
“Los Notarios, Conservadores y Archiveros deberán disponer en el plazo de 2 años a contar de la publicación de esta ley, de un sistema informático que permita a los usuarios realizar solicitudes, rectificaciones, inscripciones y demás trámites de manera equivalente al funcionamiento presencial de sus oficios.
Para todos los efectos, especialmente requerir una inscripción conservatoria y su valor probatorio en juicio, el instrumento suscrito por todos los otorgantes mediante firma electrónica avanzada con sellado de tiempo tendrá el valor de escritura pública.
Los Notarios, Conservadores y Archiveros tienen el carácter de proveedores para los efectos de la aplicación de la Ley Nº 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores”.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Baja.
Vea Boletín N°15291-07 y siga su tramitación aquí.
Estos servicios deberían pertenecer al estado y no a particulares que se lucran indiscriminadamente, fijando tarifas abusivas. El principio de la gratuidad para personas jubilados y otros, debería imperar, en este servicio. Saludos.