Derecho a la intimidad de un trabajador no se vulnera si es grabado por cámaras de seguridad, sin haber sido previamente informado, resuelve el Tribunal Constitucional de España

El Tribunal Constitucional de España acogió un recurso de amparo interpuesto en contra del Tribunal de Justicia del País Vasco y del Tribunal Supremo de España por haber declarado ilícita la grabación de imágenes procedentes de una cámara de seguridad de una empresa como elemento probatorio para despedir a un trabajador.

El recurrente alegó que las resoluciones impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que haber declarado la nulidad de la prueba de grabación de imágenes para despedir al trabajador, significó que todos los actos posteriores también adolecieran de ilegalidad, como fue la prueba testimonial del gerente de la empresa que declaró que el trabajador había reconocido los hechos, lo que lo colocó en una situación de indefensión.

Enseguida, manifiesta que, sin perjuicio de que las grabaciones de imágenes suponen un tratamiento de datos personales protegidos y que no se le informó previamente a los trabajadores de que estaban siendo grabados, la medida utilizada por la empresa fue proporcionada, puesto que, en el exterior del centro comercial había un cartel en el que expresamente se señalaba “zona videovigilancia” y, fue ajustada al fin perseguido, ya que el deber de informar de manera previa, expresa, precisa e inequívoca a los trabajadores queda exceptuado en el supuesto de que existan sospechas de delito flagrante.