Tribunal de Contratación Pública.
Licitación de Municipalidad de Pichidegua vulneró los principios de estricta sujeción a las bases e igualdad de trato a los oferentes que rige en estos procesos.
Para la evaluación de la capacidad económica de los oferentes no resulta suficiente considerar sólo los activos, sino que también los compromisos financieros existentes en las empresas.

El Tribunal de Contratación Pública acogió la acción de impugnación interpuesta por Servicios Eléctricos Eliotec Limitada en contra del Decreto de la Municipalidad de Pichidegua que adjudicó el contrato “Reposición Luminarias Led Sectores Rurales de Pichidegua” a otro proveedor, al estimar que el Acta de Evaluación de las Ofertas efectuada por la Comisión Evaluadora y el Decreto Alcaldicio que adjudicó la licitación deben ser calificados como ilegales y arbitrarios.
El fallo señala que la cuestión sometida a conocimiento y resolución del Tribunal consiste en determinar si la valoración de la capacidad económica de la empresa adjudicada, Sociedad Española de Construcciones Eléctricas S.A. Agencia Chile, se ajustó a las Bases Administrativas de Licitación; si las ofertas tanto de la adjudicataria como de la actora se ajustaron a la “Experiencia del instalador eléctrico autorizado (5%)” y, por último, si la evaluación de la oferta técnica de la adjudicataria se ajustó al Subfactor N°2 denominado “Proyectos Ejecutados Últimos Años (5%)” del Punto 14.2 “Criterios de Evaluación” de las Bases Administrativas de Licitación, y en definitiva si resultan ilegales y/o arbitrarias el Acta de Evaluación de las ofertas efectuada por la Comisión Evaluadora y el Decreto Alcaldicio que adjudicó la licitación.
En cuanto a la capacidad económica de los oferentes, el fallo señala que conforme al contenido del Acta de Evaluación de las ofertas que realizó la Comisión Evaluadora, no se registró el análisis sobre el cumplimiento de la capacidad económica exigida en las bases de licitación, lo que fue constatado únicamente en fase de apertura de las ofertas, pues quienes no cumplieran debían ser excluidos si su capacidad económica no era suficiente.
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Municipalidad actuó conforme al principio de estricta sujeción a las bases y cumplió con el principio de igualdad de los oferentes al declarar inadmisibles todas las ofertas, resuelve Tribunal de Contratación Pública.

Ley de Compras Públicas.
Corte de Apelaciones está facultada sólo para revisar la legalidad del fallo dictado por el Tribunal de Contratación Pública. El arbitrio contemplado en el artículo 26 de la Ley 19.886 no es uno de doble instancia sino de control de la legalidad de la decisión.

Contratación Pública.
Es facultativo del órgano licitante solicitar documentos que no fueron acompañados por el concursante, pero ello no procede cuando la omisión recae en antecedentes esenciales destinados a acreditar la experiencia requerida por las Bases.

