La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) acogió la solicitud de la Fiscalía que había pedido reanudar una investigación en Filipinas ante el poco compromiso mostrado por las autoridades de este país.
En el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”, ocurrida entre 2011 y 2019, la Fiscalía solicitó iniciar una investigación formal contra Filipinas a causa de los presuntos crímenes cometidos contra la población civil. Esta se suspendió debido a que el Estado se mostró dispuesto a cooperar con la CPI. No obstante, a la fecha Filipinas ha mostrado pocos avances en el esclarecimiento de los hechos, y ha solicitado en repetidas ocasiones un aplazamiento de sus labores investigativas.
Ante la falta de respuestas de Filipinas, la Fiscalía solicitó a la Sala autorización para reanudar la investigación en su contra.
En su análisis de fondo, la Sala observa que “(…) las preguntas que deben plantearse para evaluar un incumplimiento son (1) si hay investigaciones o procesamientos en curso, o (2) si ha habido investigaciones en el pasado, y el Estado que tiene jurisdicción ha decidido no enjuiciar a la persona en cuestión. Si las investigaciones se llevan a cabo a nivel nacional, la Sala tiene la tarea de determinar si las investigaciones internas cubren a las mismas personas y sustancialmente la misma conducta que las investigadas ante la Corte”.
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Agrega que “(…) Filipinas considera que su “gobierno nacional al completo” está involucrado en una “campaña intensificada y completa contra las drogas ilegales”. Sostiene que al decidir abrir una investigación, la Fiscalía no aplicó los criterios legales pertinentes malinterpretó la información disponible y no evaluó toda la información disponible de manera imparcial y objetiva.
Comprueba que “(…) Filipinas describe ampliamente el alcance del problema de las drogas dentro de Filipinas sin conectarlo con una presentación legal real al respecto. Aduce que la situación no tiene la gravedad suficiente para justificar una acción adicional de la Corte, por ejemplo, se basa simplemente en el argumento de que no habría habido ningún ataque generalizado o sistemático dirigido contra ninguna población civil”.
En definitiva, la Sala concluye que “(…) en algunos casos se han tomado o están en curso medidas de investigación, aunque solo con respecto al personal policial de bajo rango, ya que las investigaciones y procedimientos nacionales presentados a la Sala las hacen insuficientes. Por lo tanto, no estamos convencidos de que Filipinas esté llevando a cabo investigaciones relevantes, o esté haciendo un esfuerzo real o genuino para llevarlas a cabo. Esta conclusión no impide que Filipinas proporcione material en el futuro para que se determine la inadmisibilidad de lo solicitado sobre la base de la complementariedad, de ser necesario”.
Al tenor de lo expuesto, la Sala resolvió autorizar a la Fiscalía a continuar con la investigación.
Vea resolución Sala de Cuestiones Preliminares I No. ICC-01.21.