El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) elevó una solicitud a la Sala de Cuestiones Preliminares para la realización de una audiencia de confirmación de cargos contra un caudillo militar ugandés, que está prófugo hace más de 17 años.
En 2005, la CPI emitió una orden de arresto contra Joseph Kony, líder y fundador del Ejército de Resistencia del Señor, por su presunta participación en 33 crímenes de guerra y de lesa humanidad, que incluyen violaciones, asesinatos, torturas, esclavitud y ataques deliberados contra la población civil. Sin embargo, hasta la fecha no ha podido ser ubicado, a pesar del esfuerzo mancomunado de múltiples Estados y organizaciones internacionales.
La solicitud es novedosa pues es la primera vez que un fiscal de la CPI realiza una petición de esta naturaleza al tenor del artículo 61 (2) (b) del Estatuto de Roma. Esta disposición permite “(…) que la Sala celebre una audiencia de confirmación de cargos cuando el sospechoso ha huido o no puede ser encontrado, siempre que se hayan tomado todas las medidas razonables para asegurar su comparecencia ante el Tribunal, incluso la de informar al sospechoso”.
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El fiscal estima la pertinencia de la solicitud dado que en los últimos años se han llevado a cabo numerosas diligencias para dar con su paradero. En la especie “(…) se han enviado peticiones a los gobiernos de Uganda, Republica Democrática del Congo y Sudán, lugares en los que posiblemente se encuentra Kony, y a organismos como la INTERPOL, que ha emitido una alerta roja. Otros países y una serie de organizaciones civiles también han desplegado grandes esfuerzos para encontrarlo, incluso con el ofrecimiento de recompensas económicas”.
Agrega que “(…) la Fiscalía también ha intentado en repetidas ocasiones difundir información sobre la orden de detención del Kony en las zonas donde se creía que se encontraba, y ha pedido de forma continua y pública su detención y entrega”.
En cuanto al requisito de informar al sospechoso que prescribe el artículo 61 (2) (b), el fiscal propone cumplirlo mediante “(…) la publicación del auto de audiencia a través de anuncios, incluso en los periódicos nacionales/locales apropiados y/o por radio, televisión y/u otros medios de difusión, incluido Internet, y materiales promocionales apropiados como carteles, redes sociales, etc”.
En definitiva, el fiscal concluye que “(…) las víctimas no han tenido la oportunidad de expresar sus puntos de vista y preocupaciones (a través de un representante legal) en los procedimientos judiciales ante la Corte. Los procedimientos de confirmación en ausencia de Kony les darían esa oportunidad, que puede manejarse para dejar en claro la naturaleza limitada y el propósito de la investigación de la Sala, no como un fin en sí mismo, sino como un paso más hacia la rendición de cuentas de un sospechoso que ha estado prófugo por más de 17 años”.
Vea solicitud de la fiscalía de la Corte Penal Internacional ICC-02.04-01.05.