El acuerdo que adopte el Concejo Municipal de aprobar o rechazar la adjudicación de una licitación, aun en contra de lo propuesto por la Comisión de Evaluación, resulta obligatorio y vinculante para el Alcalde, resuelve el Tribunal de Contratación Pública.

El Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación interpuesta por Consorcio Santa Marta S.A., en contra del Decreto Alcaldicio de la Ilustre Municipalidad de Talagante, en el contexto de la licitación denominada “Deposición Intermedia y/o Final de Residuos Sólidos Domiciliarios, para la comuna de Talagante”.

El fallo refiere que se sometió a la consideración del Concejo Municipal de Talagante la aprobación de la propuesta de adjudicación al oferente Consorcio Santa Marta S.A., y que, en Sesión Ordinaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 65, letra j) de la Ley N° 18.695, dicho Concejo rechazó, por mayoría, la propuesta de adjudicación de la licitación pública efectuada por la Comisión de Evaluación en su Informe a esa empresa. Enseguida, mediante Acuerdo adoptado conforme a lo dispuesto por el artículo 8 y artículo 65, letra j), de la Ley N° 18.695, autorizó la adjudicación de la licitación pública a la empresa Veolia Su Chile S.A.

La sentencia cita el artículo 2° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece que las Municipalidades están constituidas por su máxima autoridad, el Alcalde, y el Concejo. Luego hace referencia al artículo 3° del mismo cuerpo legal, en cuanto a las funciones privativas de los municipios en el ámbito de su territorio, cuya letra f) dispone sobre el aseo y ornato de la comuna, los residuos domiciliarios y su recolección, transporte y/o disposición final corresponderá a las Municipalidades.