¿Qué sucedió en torno al Consejo Constitucional?
La elección convocada para el 7 de mayo, que permitirá conocer a los miembros del Consejo Constitucional, está a la vuelta de la esquina y, a pesar de que ya iniciaron las distintas campañas, aún no se da comienzo la transmisión de la franja, que resulta crucial para este periodo. Una novedad respecto a este último ítem es que se anunció la repartición de tiempos que dará el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).
Los cinco minutos que hay de diferencia entre el minutaje asignado al Partido Republicano y la lista Chile Seguro no es lo único que separa a ambas. Si bien, en alguna elección anterior formaron una alianza electoral, hoy compiten por separado y representan a distintos espectros dentro de la derecha, lo que lógicamente propicia que en algunas zonas específicas del país compitan palmo a palmo.
Una de estas áreas es la región de la Araucanía, donde inclusive se especula que ningún candidato del oficialismo obtendrá un cupo, pero que la lucha por los escaños entre las dos colectividades será una verdadera medición de fuerzas.
En tanto, la competitividad en otras zonas como la región Metropolitana es mucho mayor, ya que no existe una superioridad tan avasalladora de un sector político sobre el otro. En ese sentido, candidatos como Jaime Ravinet (Evópoli) y Camila Miranda (Comunes), que representan distintos sectores políticos, se contraponen con más fuerza y de manera más evidente.
Así queda demostrado cuando se contrastan sus posturas, por un lado, el candidato habló sobre la importancia de la seguridad ciudadana, destacando tres ideas clave: “la responsabilidad del Estado de preservar el orden público, crear una Defensoría Nacional de las Víctimas y que el Presidente tenga más facultades de expulsar extranjeros ilegales”.
Mientras que Miranda abordó otros temas, como el Estado social y democrático de derecho, donde señaló que espera que desde Chile Vamos no busque equiparar el Estado democrático de derecho con un Estado Subsidiario.
Otro candidato que tuvo su aparición en los medios fue Juan Sutil, quién compite por un escaño en la región de O’higgins. El ex presidente de la CPC se refirió a un ítem clave como candidato regional, ya que señaló que “en materia de regionalización, creo que lo más importante es reforzar la institución de los gobernadores regionales y especialmente su presupuesto”.
Una de las rivales electorales directas del empresario es la candidata Raisa Martínez, del Partido Comunista. En entrevista con El Siglo, aseguró que la competencia contra Juan Sutil por obtener un escaño en la región de O’Higgins lo asume como un desafío, principalmente por el poder económico del ex líder de la CPC. Además, sostuvo que deben ser capaces de dialogar sin transar los compromisos con las demandas sociales.
En relación al presupuesto que manejan los candidatos al Consejo Constitucional, La Segunda expuso cuales son los aspirantes al puesto con más aportes registrados. En total, hasta el viernes 17 de marzo, el Servel notificó una suma total de $4 mil 763 millones en aportes. Los tres candidatos con más aportes registrados para su campaña son: Jaime Ravinet, Camila Miranda y Yerko Ljubetic.
No solo los candidatos han aparecido en los medios, distintas personas relacionadas a la política nacional se han referido al rol que tiene cada órgano y también a distintos aspectos del proceso en general. Uno de ellos es Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, quién fue entrevistado y mencionó algunos puntos relevantes para la colectividad, centrándose en el “rol de resguardo” que a su juicio tendrá el partido, ante las acciones que podría tomar la izquierda, sobre todo en el Consejo Constitucional.
Otro personero que reapareció fue Sebastián Sichel. Según una nota de El Mercurio, el ex-abanderado presidencial prepara un despliegue en apoyo a los candidatos Jaime Ravinet (Evópoli) y Bruno Baranda (RM). Además, ha estado preparando minutas de contenido y trabajando en sus 21 principios constitucionales que buscará promover en el debate constitucional, entre los que destacan la autonomía del Banco Central, eliminación del indulto presidencial y el reconocimiento constitucional al Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y la Defensoría de las Víctimas.
Esa no fue la única novedad entre las candidaturas asociadas a la derecha, ya que los candidatos al Consejo Constitucional de la UDI anunciaron que buscarán fórmulas para eliminar la facultad presidencial de otorgar indultos. La preocupación se desató luego de que el presidente Boric dejara en libertad a presos por casos de violencia y desmanes en el Estallido Social, además del ex frentista, Jorge Mateluna.
La iniciativa ya provocó debate entre los candidatos. Mientras algunos de centroizquierda se abrieron a la posibilidad de modificar, pero no eliminar, otros de Unidad para Chile se cerraron a la idea, argumentando que el debate constitucional no puede ser influido por la contingencia.
No sólo la derecha se ha coordinado en miras de la elección del 7 de mayo, ya que esta semana también se realizó la primera reunión del “Programa Constitucional”, instancia generada por miembros del oficialismo y que busca aportar al debate constituyente. El director ejecutivo de la Fundación, Daniel Grimaldi, explicó que la iniciativa consiste en crear “un grupo de reflexión y trabajo sobre temas constitucionales cuyo fin es generar diálogos y documentos técnicos con una mirada político-estratégica que contribuya a lograr acuerdos sobre ejes fundamentales entre el progresismo chileno con otras fuerzas políticas y movimientos sociales, para la nueva arquitectura constitucional y su posterior implementación”.
Estas discusiones se intensificarán a medida que se acerque la elección y los comicios están cada vez más cerca, ya que el próximo domingo 7 de mayo se realizará la votación para conocer a los integrantes del Consejo Constitucional. ¿Cómo serán? Las personas deberán votar por un solo candidato de la Región en la que está inscrita, y será de carácter obligatorio. En total serán 50 representantes electos por las distintas regiones bajo el sistema D’Hondt, mismo mecanismo que se utiliza para votar a los senadores, y que beneficia a las listas que mayor cantidad de votos obtenga. Se aplicará también la paridad.
A pesar de que solo faltan un poco más de 40 días, aún existe incertidumbre respecto a cuál será la recepción a los comicios. La candidata por la región de Magallanes Jessica Bengoa, manifestó su preocupación por el desentendimiento con el proceso por parte de algunos sectores de la política nacional y de la misma ciudadanía. La aspirante que representa a Convergencia Social, señala que hacerse parte del proceso es una responsabilidad “cívica y moral”, pese a la desconfianza que existe alrededor del mismo.
¿Qué sucedió en torno a la Comisión de Expertos?
Las primeras semanas del trabajo constitucional se han dado a un ritmo frenético, ya que se deben sentar las bases del anteproyecto en un corto periodo de tiempo. En ese sentido, la subcomisión de Sistema Político definió que trabajará 4 aristas para cambiar la relación entre el poder Legislativo y Ejecutivo.
- Mantener el presidencialismo en Chile. Para ello, la subcomisión planteará una serie de elementos al pleno para mejorarlo.
- Sostener el sistema multipartidista, pero pasando de 20 a solo 10 partidos, lo que se logrará implementando barreras electorales.
- Reformar el sistema electoral, haciendo que en vez de votar por candidatos, se vote por listas.
- Avanzar hacia un presidencialismo de coalición en un sistema multipartidista, para fomentar la coordinación del gobierno con su conglomerado.
Otro de los temas que han sido abordados con mucha intensidad durante las primeras semanas de trabajo es la consagración de un Estado Social y democrático de derecho. Al respecto, la investigadora jurídica de Acción Educar Francisca Figueroa, escribió una columna de opinión titulada Derechos sociales en la nueva Constitución: ¿igualdad de oportunidades o de resultados?
Para la abogada, el enfoque del debate es cómo “catalogar” los derechos sociales, es decir, si son “fines en sí mismos que el Estado debe asegurar” o “medios que permiten que las personas se puedan desarrollar con autonomía”.
Según su opinión, la garantía constitucional “debiese enfocarse en garantizar derechos sociales porque son condiciones que permiten el ejercicio de las libertades, y no sistemas que las coartan porque sus diversas manifestaciones no se ajustan a los ideales estatales”.
Por segunda semana consecutiva, y a pesar de haber sido rechazada, la posible inclusión de un capítulo dedicado a las FF.AA en el índice del anteproyecto de nueva Constitución generó una serie de opiniones.
La primera se dio en una Editorial de El Mercurio, en donde se asegura que esta decisión fue una “señal de alerta”, ya que “trasluce una aproximación al tratamiento de estas instituciones provista de una cierta carga ideológica que parece incapaz de reconocer la experiencia histórica incorporada en la actual Constitución”.
En el mismo tono, la ex ministra Marcela Cubillos expresó que el rechazo de los capítulos de FF.AA. y Carabineros fue una clara prueba de que la politización sigue siendo tendencia incluso en el actual proceso.
A diferencia de Cubillos, la Comisionada Catalina Lagos (PS) dio a conocer en entrevista con La Tercera que rechazó la inclusión de las FF.AA. Esto lo hizo con la intención de “recuperar la tradición constitucional democrática”.
Quien no se quiso restar del debate fue la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga. La Comisionada explicó que la decisión de rechazar la inclusión de un capítulo dedicado a las FF.AA no le quita importancia a los temas de seguridad. “Hay temas que son realmente importantes, pero que no van a tener un capítulo especial, sino que van a ser tratadas dentro de otros capítulos”, aseguró.
Entrando de lleno a lo que fueron las actividades de la Comisión Experta en la semana, se destacan las visitas que asistieron al ex Congreso Nacional. Una de ellas fue de la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, quien, -en representación de la entidad- dio su opinión sobre los distintos aspectos que deberían considerarse sobre el organismo en el anteproyecto de nueva Constitución. Dentro de los puntos más importantes expuestos durante su presentación en la quinta sesión plenaria, se destaca la autonomía del Banco Central, ya que sostiene que aquella característica ha sido muy eficaz para el funcionamiento del mismo.
Otra autoridad que visitó a los expertos fue el Fiscal Nacional, Ángel Valencia. Durante su intervención no descartó revisar el mecanismo de elección a su cargo y pidió que, primero, se mantenga la autonomía del organismo y, segundo, se entreguen presupuestos de largo plazo para planificar y ejecutar planes de acción a largo plazo.
Las últimas autoridades que presentaron frente al pleno fueron el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, en compañía del ministro Leopoldo Llanos y la ministra vocera, Ángela Vivanco. Una de las iniciativas a las cuales se refirieron fue la de constituir un “Gobierno Judicial” independiente, compuesto en su mayoría por jueces. Además, también plantearon otras medidas como la independencia financiera del organismo y la mantención de algunas “acciones constitucionales”, junto con mantener el deber de consulta por parte del Congreso a la hora de legislar sobre materias relativas al poder judicial.
Además, dentro del pleno se comienzan a atisbar los primeros debates. Los comisionados iniciaron el diálogo sobre el Estado Subsidiario o Estado Social y Democrático de Derecho. Por una parte, la oposición tiene la convicción de que se compatibilice la participación activa de los privados en los derechos sociales.
Mientras que el oficialismo se mantiene firme con proponer un Estado Social de Derecho. Un ejemplo de ello es Alexis Cortés (PC), quien aseguró que la subsidiariedad es “incompatible con el Estado social” y que darle cabida en la próxima Constitución “implicaría violar una de las bases institucionales”.
A raíz de los dichos de Cortés, el Director Ejecutivo IES, Claudio Alvarado, criticó fuertemente lo mencionado por el comisionado del Partido Comunista. En una columna de opinión para La Segunda, Alvarado aseguró que la experiencia internacional es variada y que Cortés no está mirando el panorama completo. “Si nos atenemos a las bases, la incompatibilidad sólo existe en la mente de Cortés”, expresó.
Otros puntos que entran en contradicción, según el abogado y profesor Eduardo Saavedra, son dos de las doce bases institucionales del Acuerdo por Chile. En su columna de opinión publicada en El Mostrador explica que cuando la “soberanía reside en el pueblo” inevitablemente entra en conflicto con los límites de la libertad, el tercer punto de los acuerdos del doce de diciembre.
Precisamente aquella misma base constitucional es sobre la que Miriam Henríquez, abogada de la Universidad Nacional del Comahue y magíster en Derecho Público de la PUC, reflexiona en El Mercurio Legal. Los alcances del tercer punto base del Acuerdo por Chile, sobre todo la apertura al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, son una oportunidad inédita.
En relación a otras materias que se abordarán próximamente en el proceso, la presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer Alejandra Sepúlveda en una columna de opinión para La Tercera, entregó propuestas para lo que será el anteproyecto que deberá redactar la Comisión Experta.
Para Sepúlveda es importante que dentro del capítulo dedicado a derechos y libertades fundamentales, se incluya “la norma sobre el derecho a los ciudadanos”. También, propuso que se incluya “el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, bajo un marco orientador: la corresponsabilidad entre el Estado, los privados, las familias y dentro de las familias, hombres y mujeres”.
¿Qué ha sucedido en torno al Comité Técnico de Admisibilidad?
No solo la campaña por el Consejo Constitucional y la Comisión de expertos han presentado avances. El Comité Técnico de Admisibilidad despachó su auto acordado, el cual establece las normas que regirán el funcionamiento del órgano, cumpliendo la función de resolver requerimientos acerca del cumplimiento de las 12 bases institucionales.
Además, el texto establece las normas orgánicas del CTA, su sede y modalidad de funcionamiento, la cesación en el cargo y renuncia, las funciones de la directiva.
Según las palabras de la presidenta del órgano, Ana María García” el Pleno resolverá sobre la admisibilidad por la mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio”. Sí se declara admisible, se citará a una audiencia para escuchar los alegatos y resolver.
El CTA deberá deliberar respecto del requerimiento, las observaciones y procederá a adoptar un acuerdo.
Por otro lado, el órgano ya recibió críticas. Esta vez de la mano del cientista político, Danilo Herrera, quien definió la instalación del Comité Técnico de Admisibilidad como “caótica”. En su columna, enumera una serie de razones, como largos días de debates y discusiones, acusaciones de inconstitucionalidad y vetos, dilataciones del debate por parte de sectores de derecha, intervenciones que no respetaban la regla autoimpuesta de tres minutos de duración (y quien menos respetó eso fue el vicepresidente del organismo) y la controversial votación de, primero, los artículos de la propuesta del auto acordado y, segundo, de sus respectivas indicaciones.
¿Cuáles son los otros temas relevantes de la semana?
Miriam Henríquez, abogada de la Universidad Nacional del Comahue y magíster en Derecho Público de la PUC, reflexionó en El Mercurio Legal sobre los alcances del tercer punto base del Acuerdo por Chile, se enfocó principalmente en la apertura al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, señalando que son una oportunidad inédita.
Mientras tanto, en el marco de la Semana de la Comunicación Política, iniciativa organizada por el Diplomado en Comunicación Política y Campañas Electorales de la Facultad de Comunicaciones UC, el Consejo para la Transparencia (CPLT) y la Fundación Konrad Adenauer, se presentó el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Rafael Rubio en un taller dedicado a entregar herramientas para combatir la desinformación en momentos en que se inicia la campaña electoral para la elección de consejeros. Rubio se refirió a esta temática y su utilización en relación al actual proceso.
Además de la desinformación, en el actual proceso hay algunos elementos que complican en demasía su desarrollo y que pueden producir un daño severo en la sociedad. Entre los cuales podemos distinguir el poco entusiasmo de la ciudadanía y el crispado contexto político actual. Para el economista de la PUC Sebastián Correa, aquello es preocupante, ya que según su opinión, si no se resuelve de buena manera, se pueden radicalizar las posturas (tanto de izquierda como de derecha) y que los extremos terminen consolidándose.
Esta y otras incógnitas surgen cada vez más con más fuerza a medida que avanza el proceso, en esta línea nace la disyuntiva del futuro del Estado social de derecho que sigue en duda en el actual proceso ¿será o no compatible con el Estado subsidiario? En su carta al director denominada “Poder de dominación estatal” el profesor de derecho de la Universidad Finis Terrae, Cristóbal Aguilera Medina, aborda la discusión haciendo alusión al debate que se llevó a cabo en Alemania en el marco de la Ley Fundamental de Bonn, donde uno de los expositores que nombra el autor, Ernst Forsthoff, defendió una tesis “que hoy no parece pertinente asumir”, la incompatibilidad del Estado social y el Estado subsidiario.
Al respecto, el profesor de Derecho administrativo de la Universidad Austral de Chile, Pablo Soto Delgado interioriza en el tema protagonista, el Estado social y el Estado subsidiario, en su columna para El Mostrador. En ella comenta el ajuste que significará pasar del Estado subsidiario a uno social. Destaca que “el Estado social asume que cuando se trata de las condiciones vitales de existencia de las personas no es posible generar un resultado virtuoso a partir de la mera espontaneidad de la oferta y la demanda”.
Otro tema que se abordó en el debate de la opinión pública, se puede apreciar en la columna de opinión para El Mostrador
escrita por la senadora de Renovación Nacional Paulina Núñez, quien abordó las necesidades de nuestro país de cara a la redacción de una nueva Constitución. En primer lugar, la Senadora analizó el fracaso del proceso anterior poniendo foco en que no se puede pretender “borrar con el codo los avances que hemos tenido como país en las últimas décadas o que, más relevante aún, no considere un Estado capaz de planificarlos, financiarlos y cumplirlos”. Luego, Núñez enumeró las que en su opinión son las necesidades que deben satisfacerse en la nueva Constitución. “Nuestro país necesita que nuestra Carta Magna reconozca que el Chile del siglo XXI es un país en que mujeres y hombres deben desarrollarse en una cancha pareja, con un Estado que es capaz de corregir las inequidades. Que sea capaz de proteger efectivamente los derechos fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes. Que entregue un acceso a servicios de salud y educación de calidad, sin minar la libertad de las personas de tomar sus propias decisiones. Que aborde las necesidades particulares de cada región de Chile, entregándoles las herramientas necesarias a los gobiernos locales para que podamos construir nuestro propio futuro en un espacio de equidad. Que miremos al futuro y que consagremos hoy aquellas instituciones que nos permitirán aprovechar al máximo las potencialidades del país en materias de innovación, generación de energías sustentables y el cuidado del medio ambiente, dibujando un futuro en que podemos construir un desarrollo económico armónico”, sostuvo.