¿Qué ocurrió en torno a la Comisión Experta?

 El pasado sábado 25 de marzo ya se hablaba del trabajo de las subcomisiones para la formulación de las normas del anteproyecto. Una de las que llevaba las conversaciones más controversiales era la de Derechos Sociales, Culturales, Económicos y Ambientales. Uno de sus acuerdos fue consignar una lista corta con derechos básicos. Sin embargo, el principal debate era cómo redactarlos, y el principal problema es que tenían hasta el jueves a la medianoche para presentarlos.

El tono de la discusión se intensificó el día lunes. Poco antes de la exposición ante el pleno del presidente de la cámara baja, Vlado Mirosevic, la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales vivió una altercado: la comisionada Horst (UDI) se molestó y retiró de la reunión tras un encontrón con Alejandra Krauss (DC). Dicha subcomisión fue la que mayores diferencias ideológicas existían. Mientras que el oficialismo buscaba garantizar un Estado Social robusto, la oposición quería resguardar un Estado social que garantice la libertad de elección de sistema de salud y previsión social y que sea compatible con el principio de subsidiariedad.

Por otro lado, y poco después de la polémica, el presidente de la cámara baja, Vlado Mirosevic, expuso sus propuestas para la nueva carta magna ante los comisionados. Por un lado, propuso mantener la estructura bicameral. Y sugirió innovar en la especialización en las tareas de ambas Cámaras, eliminar la facultad de veto absoluto por parte del Poder Ejecutivo y crear un sistema de listas cerrado, que permita votar por listas de partidos y no por candidatos en específico.

Aquel mismo día, el abogado Álvaro Araya, en una columna de opinión en El Mostrador,  le pidió a los expertos pensar “como si pudieran ver sus otras vidas” y ser personas comunes y corrientes para elaborar una constitución con “una preocupación especial por las personas y grupos más desaventajados en la sociedad, y que promueva de verdad la adopción de medidas concretas para compensar las diferencias sociales”.

El martes aún no existían grandes acuerdos en las subcomisiones de Principios y Derechos Económicos. Su piedra de tope era el tipo de Estado y el choque entres los derechos y las libertades.

Sin embargo, las subcomisiones de Sistema Político y Función Jurisdiccional lograron llegar a ciertos acuerdos. En el caso de la primera, la inscripción de una norma sobre barrera electoral ya era casi un hecho, aunque aún faltaba ultimar detalles. Este era el mecanismo para reducir la fragmentación parlamentaria y que solo puedan conseguir escaños aquellos partidos que superen un porcentaje mínimo de votos. Se debatía entre el 3 y 5%.

Mientras que en el caso de la segunda subcomisión, sus miembros se habían formado en duplas para avanzar más rápido y generar consensos entre el oficialismo y la oposición respecto a los organismos autónomos, como la mantención del estatuto del Banco Central o la creación de un consejo en el poder judicial a cargo de labores no jurisdiccionales.

El día miércoles fue turno de exponer frente al pleno de la Presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Nancy Yáñez. La abogada de la Universidad de Chile planteó la posibilidad de revisar el control preventivo del órgano y eliminar el control de reforma constitucional. Aunque sobre el sistema de nombramiento de jueces, sugirió no innovar

Si bien esa era la única actividad oficial de la Comisión aquel miércoles, ya era un hecho que la subcomisión de Sistema Político había acordado mantener el sistema presidencialista y la duración de cuatro años de los mandatos presidenciales. Además de mantener la restricción a la reelección, los expertos innovaron en una norma que restringe a dos ocasiones las veces que una persona puede llegar a ser a la presidencia.

Finalmente, él jueves las subcomisiones trabajaron intensamente para afinar detalles de las normas y consensuar acuerdos de 3 ⁄ 5 de los miembros de la comisión, quórum necesario para su aprobación. Sin embargo, Sebastián Soto, Vicepresidente de la Comisión Experta, declaró que, en el contexto del ingreso de las normas, y pese a la tensión latente en algunas de las subcomisiones, existía un buen ambiente y mucho “ánimo en avanzar”.

En conversación con T13, el comisionado Juan José Ossa también apuntó al buen ambiente de trabajo entre los comisionados e hizo un resumen del avance que tiene hasta el momento la Comisión Experta. El ex ministro señaló que las normas entregadas por cada subcomisión representan “un borrador de Constitución de mínimos comunes y lo que viene en los próximos días, bastante rápido, es que ya cada parte, cada partido, cada sector, luego que esto se apruebe en general (…) se van a producir discusiones más particulares y específicas”.

Concluyó señalando que lo presentado requiere muchas enmiendas, ya que claramente se debe seguir puliendo.

La última novedad de la semana precisamente tiene relación con este tema, ya que las cuatro Subcomisiones presentaron las normas para que sean discutidas en el pleno. Dentro de las nomas más importantes que se enviaron están “»para ser elegido Presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución”, «el Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período inmediatamente siguiente”, además, esta norma fija en dos periodos el máximo para cada persona. También destaca la norma propuesta por la subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, la cual señala que se debe establecer un “sistema de gobierno judicial, compuesto por cuatro órganos que funcionarán autónomamente de forma coordinada entre sí y con la Corte Suprema, a través de una Comisión Coordinadora de Justicia».

 ¿Qué ocurrió en torno al Consejo Constitucional?

 Además de publicar el padrón electoral definitivo para las elecciones del 7 de mayo, que está compuesto por 15.150.572 electores habilitados y 271.812 inhabilitados, el Servel informó que el próximo 15 de abril publicará los lugares de votación para las elecciones del 7 de mayo. También se notificará a quienes les corresponda impartir como vocales de mesa durante aquella jornada.  Sin embargo, aún se proyecta poco interés por parte de los chilenos de cara a los próximos comicios. Al respecto algunos candidatos de la Región Metropolitana pidieron al gobierno mayor difusión del proceso constitucional y las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de mayo. Esto por el poco conocimiento de la ciudadanía al respecto. Y es justamente a raíz de esto que una de las dudas que se busca responder es cómo se logrará asegurar la paridad en los comicios. T13 se encargó de responder estos y otros cuestionamientos que han aparecido en torno a este hito.

Bajo la misma preocupación de expectativa popular en el proceso, Cristobal Huneeus, director de Data Science de Unholster, abordó el bajo interés existente. Señala que, si bien es una realidad, durante estos días, precisamente a la hora de iniciar el debate de las normas constitucionales, es posible que “el tema de la nueva Constitución pueda empezar a agarrar vuelo porque van a empezar a pasar cosas y la gente va a tener cosas novedosas para informarse».

También habló sobre el fenómeno que se dará por el voto obligatorio, indicando que no asegura una alta participación, “si se instala la idea de que nunca van a pasar la multa, puede que vote menos del 50%. En realidad no lo sabemos, la única experiencia que tenemos de voto obligatorio universal fue un plebiscito, que es un voto fácil de movilizar”.

En la misma línea, aún hay incógnitas sobre cómo funcionará el órgano. Por lo mismo, en conversación con Radio Infinita, el ex-diputado Pepe Auth sostuvo que ningún sector político alcanzará a obtener 3/5 en el futuro Consejo Constitucional y, por tanto, tendrán que buscar acuerdos.

Por lo mismo, en términos de proporciones, La Tercera, comentó acerca de los 5 escaños en disputa entre los diferentes pactos de cara a las elecciones de candidatos al Consejo Constitucional en Valparaíso. En la pelea, según el paneo general, Unidad para Chile y Chile Seguro obtendrían dos escaños para cada uno, mientras que el quinto cupo estaría en pelea entre Todo por Chile y republicanos.

Ante esta disputa, a través de una columna de opinión para El Mostrador, Carlos Schneider realizó un balance del actual proceso constitucional. En él se refirió a lo que ha sido el trabajo de cada uno de los órganos, haciendo énfasis en el Consejo Constitucional. “Algo que se ha criticado fuertemente es que los partidos políticos conformaron las cinco listas, donde se distribuyen los candidatos. Ahora, estos consejeros constituyentes, representantes de los partidos políticos deberán disponer de certera artillería de argumentos y divulgación, porque la confianza de la ciudadanía en el Congreso ha sido lapidada por diversas encuestas, el fantasma de los independientes rondará y los bordes constitucionales tendrán que buscar legitimidad, esgrimir su vocación democrática y de nuevas condiciones de igualdad que reclaman los chilenos y chilenas”, sostuvo.

En el intertanto de tanta especulación respecto al funcionamiento del órgano, los candidatos continúan dando sus percepciones acerca de que se debería incluir en la Hoja Fundamental y que no. Es así como Sadi Melo, conversó con La Tercera y abordó algunas de las propuestas que tiene para la ciudadanía de cara a la elección del  7 de mayo. Uno de los temas centrales de su campaña, según lo que él reconoce en la entrevista, es la “descentralización”, para lo que propone “no darle solamente facultades a los gobiernos regionales, sino que también recursos”.

También señaló que el Estado Social y Democrático de Derecho es un elemento clave  para el éxito de la propuesta.

Por otra parte, el ex-presidente, Ricardo Lagos, manifestó todo su apoyo a la actual presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien se encuentra en campaña para lograr un puesto en el Consejo. Para Lagos, quien es un histórico militante del mencionado partido, es importante que Piergentili, aún sabiendo que quedará exenta de poder ejercer cargos políticos dentro de un tiempo, se postulará al cargo dentro del nuevo proceso constituyente.

Además, el ex-mandatario mencionó que el progreso debe ser sin pausas pero debe contar con lógica y coherencia, lo cual representa Piergentili.

Por último, y consecuencia del anterior proceso, la participación de los pueblos indígenas está en la mira. Por ello, Andrés Cortés, Sebastián Donoso y Nicolás Figari, en su columna llamada “El nuevo proceso constitucional y la consulta índigena”, destacaron por primera vez la contemplación “de los pueblos indígenas que habitan nuestro país” en el presente proceso constitucional. En el artículo se comenta que al anticiparse la  integración de “pocos escaños reservados” dentro del Consejo Constitucional, que serán ocupados por candidatos pertenecientes a los pueblos indígenas con mayor peso demográfico, será entonces la consulta indígena una instancia clave para que los pueblos indígenas puedan influir en la elaboración de una nueva Carta Fundamental y de este modo “conferir legitimidad social” al texto constitucional.

 ¿Cuáles son los otros temas relevantes de la semana?

 Las informaciones que emanan desde los órganos del proceso constitucional no son lo único relevante que circula en la opinión pública en torno a este histórico hito, las distintas voces de expertos y personajes de la política chilena también han marcado la pauta de la semana. En esa línea Carlos Huneeus redactó una carta al director, donde cuestionó la eficacia de algunas medidas que están teniendo consenso en la Comisión Experta para reducir la fragmentación política, como la reducción de partidos. Su conclusión al respecto es que no se requiere de una ley o requerimiento que lo regule, sino de las voluntades y los liderazgos para lograrlo.

Otro reconocido rostro de la política nacional es Francisco Vidal, quién ahondó aún más en este mismo tema y expresó, en una columna de opinión para El Mercurio, que es imprescindible que los integrantes de este nuevo proceso constituyente, tanto comisionados como futuros consejeros constitucionales, construyan normas que disminuyan la excesiva fragmentación del actual sistema de partidos políticos. Según Vidal, la gran cantidad de partidos es lo que hace que el país sea ingobernable.

La actual fragmentación es causa del sistema legislativo vigente que si no se alcanza el umbral de votación, si la fuerza política logra más de 4 candidatos en más de una región, puede seguir existiendo legalmente. Si se aplicara la norma alemana en Chile, donde se exige el 5% de los votos para seguir existiendo como partido, solo existirían solo 6 partidos políticos. Vidal propone que dentro de este nuevo proceso constituyente, se deberían considerar alguna de estas normas europeas para mejorar la gobernabilidad del país.

Además, explicó que se debe tomar con urgencia este cambio debido a que actualmente el Servicio Electoral informó que están en proceso 12 nuevos partidos. Por lo que si, actualmente hay 21 en el Parlamento, la situación se desbordaría.

Aparte de la discusión en torno a la confección de un sistema de partidos, otro tema que estuvo en la palestra es el debate en torno al Estado Social y democrático de derecho. En relación a esta disyuntiva, Diego Schalper, diputado RN, en una entrevista con La Tercera recalcó la importancia de establecer un Estado Social y Democrático de Derecho “de manera que haya un piso mínimo de dignidad que habilite la libertad” y que se resguarde la cooperación público privada en la provisión de derechos.

Schalper recalcó la importancia de la libertad y que no puede ser un un privilegio solo para quienes la pueden pagar. Además, el diputado señaló que la generación actual tiene la misión de encontrar equilibrios y complementos donde las generaciones antiguas han encontrado conflicto. Esto se lograría, según él, encontrando el equilibrio entre libertad y justicia.

A pesar de las diferencias que pueden existir entre las personas de izquierda y derecha respecto a esta discusión, el Comisionado Flavio Quezada también defiende su incorporación en la nueva carta magna, sin ir más lejos, en una  columna de opinión para La Tercera, abordó esta temática.

Para Quezada, es trascendental que nuestro país incorpore los derechos sociales en esta nueva Constitución. “Hay que transitar hacia un “Estado social y democrático de derecho”, lo cual implica un triple compromiso: régimen democrático, Estado de Derecho y Estado social. Aunque requieran mejoras, nuestro país ya es lo primero y lo segundo. La novedad y desafío es avanzar hacia un “Estado social”; esto es, hacia uno que garantice -en los hechos- derechos sociales y laborales. En suma, la organización política tiene como objetivo la erradicación progresiva de desigualdades de hecho, para generar cohesión social que dote a la institucionalidad democrática de estabilidad, lo cual, por cierto, permite impulsar el desarrollo económico”.

En la misma línea, Sebastián Salazar, coordinador académico del Núcleo Constitucional UAH, en su columna para La Tercera, realizó una síntesis sobre lo que para él debe ser el Estado Social y Democrático de Derecho. Destacó de sus repercusiones que su fin es “articular un equilibrio entre el individuo y la sociedad destinada a hacerse cargo de las desigualdades en la vida de las personas, permitiendo estabilidad democrática”.

Por otro lado, en entrevista para La Tercera, el candidato republicano al Consejo Constitucional, Luis Silva, puntualizó que la “bandera de lucha” de la oposición debe ser el “Estado Colaborador” -similar al Estado Social y Democrático de derecho- que defendió la UDI en un principio, ya que es una discusión mucho más beneficiosa para el país.

Aunque estos y otros temas son imprescindibles para el desarrollo de una mejor constitución, lamentablemente la ciudadanía no está interesada en el nuevo proceso, así lo demuestran los resultados de la encuesta Cadem, los que nuevamente revelaron números negativos respecto al interés de la población en el avance del nuevo texto constitucional. Respecto a los comicios del 7 de mayo, un 48% de las personas encuestadas dice no saber que se celebrarán elecciones. Además, sólo un 12% dice conocer a los candidatos, esta cifra aumenta solamente a un 21% entre las personas de estrato social alto.

En la misma línea, solo un 19% comentó estar interesado en los comicios para la elección de consejeros constitucionales. Finalmente, un 65% dijo estar de acuerdo en tener una nueva Constitución (seis puntos más que en enero), y un 44% dijo estar en contra.

A pesar de que el entusiasmo ciudadano no creció durante este mes de trabajo de la Comisión Experta, el hecho de que se redacte una nueva constitución lógicamente genera debate y afloran distintas opiniones respecto al contenido que debería llevar.

Una de las personas que se ha manifestado es el académico de la facultad de derecho de la Universidad Alberto Hurtado Rafael Blanzo Suarez, quien en su columna para El Mostrador, comentó sobre la importancia de “una buena arquitectura constitucional” que permita una correcta y orgánica separación de poderes dentro de este nuevo proceso, con miras a futuro. El autor llama la atención a la Comisión Experta destacando por tanto, la vital tarea que tienen como redactores de la Carta Fundamental el asegurar no sólo la fisonomía de la Constitución, sino también la consolidación de una democracia en forma, que garantice a cada persona sus derechos frente a “cualquier órgano o poder del Estado”.

Otro tema que generó preocupación durante el proceso pasado y sigue preocupando a los ciudadanos de cara al futuro es el cuidado del agua y qué nuevas medidas se pueden consagrar en la constitución para mejorar su cuidado. En este sentido, Pablo Jaeger, abogado especialista en temas de medio ambiente, redactó una columna de opinión en la cual propuso incluir los siguientes cuatro artículos en relación al uso y protección de los recursos hídricos,

• Las aguas son bienes nacionales de uso público, por lo que su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación.
• El acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable, que debe ser garantizado por el Estado en condiciones de igualdad y no discriminación.
• Es deber del Estado proteger las aguas para la conservación de la naturaleza y los ecosistemas, en resguardo de las generaciones futuras.
• Los particulares podrán hacer uso privativo del agua cuando previamente se les otorgue una concesión para ello, la que se denominará derecho de aprovechamiento de agua, que será regulado por ley.

 Volviendo un poco a temas netamente políticos, la paridad se transformó en uno de los pocos elementos empleados en el proceso pasado que fue recepcionado de buena manera por prácticamente todos los sectores políticos y que pareciera que se seguirá aplicando. Respecto a este tema, Valentina Verbal, escribió una columna para El Líbero, en la que comentó distintos aspectos sobre la paridad. La autora destacó que desde el proceso del año pasado, hasta el presente, la paridad ha sido considerado un principio constitucional, al igual que un mecanismo electoral, tanto de entrada como de salida. En la columna, Verbal indicó que es una férrea defensora de aplicar este principio de entrada, pero no es partidaria de utilizarlo en sus resultados de salida.

Además de aquellos debates, que muchos de ellos aún no se han dado en el pleno ni en las subcomisiones, otro tema que apareció en la opinión pública fue la participación de la comunidad LGBTIA+ en el proceso. El consejero regional por la Región Metropolitana, Leonardo Jofré, publicó una columna de opinión en Radio Biobío donde, si bien cuestionaba la legitimidad del proceso constitucional, explicaba la importancia de que las disidencias tomen consciencia de la importancia de participar, primero, por el “debilitamiento de candidaturas que abiertamente sean parte de las disidencias sexuales y de género” y, segundo, para incorporar derechos de la comunidad LGBTIA+.