Disposiciones dictadas con ocasión de la crisis del Covid-19 que suspenden los lanzamientos decretados en sede penal contra las personas que ocuparon viviendas sin título alguno, son constitucionales.

El Tribunal Constitucional de España desestimó el recurso de inconstitucionalidad que un grupo de parlamentarios dedujo contra una de serie de preceptos del Decreto-ley 1/2021 de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, dictado para adoptar medidas de urgencia en el marco de la pandemia del Covid-19.

A juicio de los recurrentes, los preceptos impugnados incumplen los limites materiales de las normas, vulneran el derecho de propiedad y la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas. Lo anterior, dado que impiden que los jueces dicten órdenes de desahucio y de lanzamiento en sede penal contra personas reputadas “económicamente vulnerables”, que han ocupado viviendas sin título alguno, lo cual condiciona los derechos de sus verdaderos propietarios.

Del mismo modo, adujeron que las prohibiciones señaladas entorpecen el debido ejercicio de la función judicial, suspendiendo y, por ende, dilatando improcedentemente la tramitación de las causas de precario, lo que afecta la potestad de los jueces y tribunales para hacer ejecutar lo juzgado.