La requirente alega que la aplicación de los preceptos legales impugnados vulnera su derecho a un justo y racional procedimiento, el derecho de propiedad y la seguridad jurídica.
Adopta esta decisión sobre la base de las directrices entregadas por el Derecho Internacional –garantías fundamentales y dignidad de los ocupantes-, las cuales deberán ser consideradas durante todo el procedimiento de retiro y el eventual desalojo de las personas, encontrándose las autoridades competentes en calidad de garantes de estos lineamientos.
La sentencia concluyó que la declaratoria de humedal urbano realizada por el Ministerio del Medio Ambiente es legal, y que el derecho de propiedad o la actividad que desarrolla la empresa reclamante no son un impedimento para ello.
No se han mencionado hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución.
Debido a la prolongada falta de ejecución de las sentencias y la falta de un recurso efectivo; la nulidad de los títulos por la falta de aplicación correcta del derecho; y el hecho de que no se asegurara que la compensación otorgada estuviera razonablemente relacionada con el valor actual de la propiedad, el mecanismo de restitución no llegó a ser integralmente efectivo ni consistente para no imponer una carga excesiva a los propietarios.
No resulta lícito a la recurrida valerse de vías de hecho para dirimir alguna disputa que pudiese existir con el actor.
El requerimiento de inaplicabilidad fue rechazado con empate de votos. El voto de la Presidenta no dirime el empate en estos casos.
La sentencia enfatiza que ni la Ley N° 21.202, ni su Reglamento limitan el reconocimiento de humedales a aquellos que se emplacen dentro de bienes fiscales, públicos o privados; tampoco establecen una prohibición absoluta, ni ex ante de la ejecución de actividades o proyectos en humedales urbanos.
Decisión acordada con un voto en contra, que consideró ilegitimo el actuar del recurrido, ya que, independiente de si el camino pasa por su propiedad, no se puede amparar un acto de autotutela, debiendo acudir necesariamente a instancias judiciales.
Su aplicación resulta contraria al principio de proporcionalidad, al debido proceso y al derecho de propiedad.
El requirente alega que el incumplimiento no le es imputable y que la aplicación del precepto legal infringe sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, del debido proceso, la propiedad y la seguridad jurídica.
