Tribunal Supremo de España.
Policía que entregó información de seguridad aduanera para ingresar cocaína a España se condena a 14 años de prisión.
Salvo que se trate de vulneración de algún derecho fundamental de orden sustantivo, las posibles deficiencias procesales sólo pueden tener incidencia en el juicio oral cuando determinen la nulidad, por su ilicitud, de alguna prueba determinada. Y esto no ocurre cuanto se trata de casos de incompetencia territorial.
El Tribunal Supremo de España desestimó un recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condenó a 14 años de prisión a un policía por los delitos contra la salud pública y de cohecho.
El recurrente alegó que se falló vulnerando el debrido proceso, ya que las escuchas y prorrogas de las intervenciones telefónicas autorizadas por el tribunal de instrucción devienen nulas y dicha nulidad se extiende a toda la prueba que dio por acreditado que a cambio de dinero le facilitó a un grupo de personas información logística de seguridad para organizar el transporte de cocaína que provenía desde Panamá y Colombia para posteriormente ser ingresado a España por el puerto de Valencia, en cuanto, por tratarse de delitos de trafico de drogas cometidos por bandas organizadas la competencia recae en la Audiencia Nacional.
El máximo Tribunal refiere que, “(…) como hemos dicho, partiendo de que la competencia de la Audiencia Nacional es lo excepcional y cuando no conste todavía acreditada inequívocamente la concurrencia de los elementos que determinan su competencia, ha de cederse ésta al órgano territorialmente competente.”
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