Recurso de amparo económico rechazado.
Fiscalizaciones del SAG no vulneran el derecho a desarrollar una actividad económica lícita.
La Corte de Rancagua sostuvo que las fiscalizaciones del servicio obedecen al cumplimiento de su mandato legal de hacer cumplir las normas fitosanitarias, y no a una presunta “conspiración” para perjudicar su actividad comercial como indicó la recurrente.
La Corte Suprema aprobó la sentencia dictada por la Corte de Rancagua elevada en consulta, que rechazó el recurso de amparo económico interpuesto por una empresa del rubro de la fruta en contra del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
La recurrente expone que al iniciar sus actividades comerciales en el año 2019 cometió una falta, consistente en presentar pallets sin fruta suficiente para la debida inspección del lote. Por dicha falta se le impuso una sanción de cese de actividades, la que cumplió.
Afirma que como consecuencia de aquello, y pese a obtener nuevamente el permiso necesario para retomar sus actividades, las inspecciones del SAG han sido recurrentes, fiscalizando hasta lo más mínimo de la fruta que produce, lo que en muchas ocasiones ha devenido en multas e infracciones antojadizas. Refuerza esto, en el hecho que a ninguna otra empresa del rubro en las cercanías se le fiscaliza con tanto rigor.
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