Código Penal.
Norma que tipifica el delito de apremios ilegítimos que no alcancen a constituir tortura se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente estima que se vulnera su garantía de legalidad penal, el principio de legalidad y de taxatividad penal, junto a la eximente de legítima defensa.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, respecto del artículo 150 D, del Código Penal, la frase «el empleado público que, abusando de su cargo o funciones«, incorporada al citado cuerpo legal por el artículo 1°, N° 5, de la Ley N° 20.969; y la frase «El empleado público que, en incumplimiento de los reglamentos respectivos actúe abusando de su cargo«, texto modificado en virtud de lo dispuesto en el artículo 7, N° 2 de la Ley N° 21.560.
El precepto legal impugnado establece:
“El empleado público que, en incumplimiento de los reglamentos respectivos actúe abusando de su cargo o que, en el ejercicio de sus funciones, aplique, ordene o consienta en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen por su gravedad a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impida o no haga cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello y estando en posición para hacerlo.” (Art. 150 D, inciso primero).
Temas
Te puede interesar

Ley 21.325.
Norma que mantiene vigencia de cédula de identidad de extranjero si acredita contar con certificado de residencia en trámite vigente o hasta que autoridad migratoria resuelva su solicitud, se impugna ante el Tribunal Constitucional.

Inaplicabilidad rechazada con votos en contra.
Norma que establece las sentencias que sólo son susceptibles de ser apeladas en sede laboral, no produce resultados contrarios a la Constitución.

Non bis in ídem.
Normas que facultan al juez de cuentas para imponer una medida disciplinaria al cuentadante infractor, ya sancionado previamente por su jefatura, se impugna ante el Tribunal Constitucional.

