Ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.
Iniciativa promueve la protección a los dirigentes sociales, a sus parientes y a su patrimonio.
Cuando sufrieren agresiones físicas, psicológicas o daños a la propiedad, con ocasión del ejercicio de sus funciones.

La moción, patrocinada por las Diputadas Danisa Astudillo, Karol Cariola, Javiera Morales, Joanna Pérez, Catalina Pérez, Natalia Romero, Carolina Tello y los Diputados Luis Cuello, Vlado Mirosevic y Alberto Undurraga, modifica la ley N°20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, en materia de protección a dirigentes sociales, sus parientes y patrimonio, por agresiones físicas, psicológicas o daños a su propiedad con motivo del ejercicio de sus funciones.
Los autores del proyecto de ley señalan que en Chile, la legislación contempla muy pocas normas que protejan a las autoridades, en que el sujeto pasivo sea calificado por tratarse de una autoridad y en que además el hecho se cometa con ocasión del ejercicio de sus funciones.
Explican que el artículo 266 del Código Penal aborda el delito de atentado contra la autoridad, desde el punto de vista de su función, señalando que “Para todos los efectos de las disposiciones penales respecto de los que cometen atentado contra la autoridad o funcionarios públicos, se entiende que ejercen aquélla constantemente los ministros de Estado y las autoridades de funciones permanentes o llamadas a ejercerlas en todo caso y circunstancias. Entiéndase también ofendida la autoridad en ejercicio de sus funciones cuando tuviere lugar el atentado con ocasión de ellas o por razón de su cargo”.
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