El Consejo Constitucional tuvo su última semana para trabajar y acordar las enmiendas. El día lunes vence el plazo para presentarlas. Ya en los medios han circulado informaciones que dan algunos indicios sobre las materias que los consejeros buscan modificar. Pero la única certeza son las 31 iniciativas populares que alcanzaron las diez mil firmas necesarias para ser deliberadas por el Consejo.

Todo esto y más en una nueva edición del Boletín Constitucional.

Luego de una semana agitada, llena de exposiciones en las audiencias públicas, el pasado viernes se cerró el proceso de votación de iniciativas populares de normas, y con ello el mes de la participación ciudadana que se desarrolló entre el 7 de junio y el 7 de julio. Treinta y una iniciativas alcanzaron más de diez mil firmas, y tendrán que ser discutidas por el Consejo Constitucional.

Más de 233 mil personas demostraron su apoyo a distintas mociones. ¿La más votada? “Chile por los animales” (25.127 firmas), que planea constitucionalizar los derechos de los animales. También destaca “Con mi plata no” (24.339 firmas), la cual busca garantizar la heredabilidad de los ahorros provisionales, moción que había sido rechazada en la pasada Convención.

Y si de comparaciones se trata, la participación de la ciudadanía fue baja en relación a la fallida Convención. En la pasada oportunidad, alrededor de 980 mil personas participaron. La politóloga feminista, Javiera Arce, explicó que una de las razones del bajo interés fue el poco tiempo para recaudar apoyo y la falta de atención a este proceso en comparación al anterior. Aunque razones hay muchas.

Sin embargo, las iniciativas están empatadas. Entre ideas conservadoras y progresistas, se puede decir que existe un equilibrio, gracias al repunte de firmas que obtuvieron las iniciativas de izquierda hacia el final del día viernes.

Pero, ¿a qué se debió este bajo apoyo a la de izquierda? La derecha tiene una amplia mayoría en el órgano redactor, por lo que probablemente muchas de las iniciativas de la izquierda serán rechazadas. Misma situación ocurrió en el proceso pasado con las iniciativas conservadoras. Pero ahora se dio vuelta la tortilla. Ante esta situación, las organizaciones sociales más progresistas, optaron por no desgastarse consiguiendo firmas dado el probable futuro que correría para estas iniciativas.

Empero, la izquierda repuntó y logró, contra todo pronóstico, conseguir las firmas necesarias para empatar a la oposición. Y, ¿qué ocurrirá ahora con las 31 iniciativas entregadas al Consejo Constitucional? Estas iniciativas fueron entregadas a la mesa directiva del Consejo -Beatriz Hevia y Aldo Valle-  y serán discutidas por el Consejo como indicaciones al anteproyecto.

En el siguiente paso, los autores u organizaciones que hayan propuesto las iniciativas aceptadas deberán exponer ante el Consejo Constitucional el contenido y propósito de las propuestas. Se espera que estas exposiciones tengan lugar durante la próxima semana en las dependencias del Ex-Congreso.

Los rectores de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, Rosa Devés e Ignacio Sánchez, quedaron con gratas sensaciones tras terminar el proceso participativo. Cabe recordar que esta etapa fue coordinada por ambas casas de estudio y contempló las iniciativas populares de norma, diálogos, audiencias públicas, entre otros.

Respecto al proceso, ambos concordaron que la mayor dificultad fue combatir la “fatiga electoral” existente en la población. Por lo que el foco de su trabajo estuvo en la difusión para que se ocuparan los canales de participación.

La semana de las comisiones

Mientras tanto, en los pasillos del ex-congreso, los consejeros continuaron discutiendo las materias constitucionales dentro de sus respectivas comisiones. Y el día lunes comenzó con la visita del titular del ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), Álvaro Elizalde. El secretario de Estado fue recibido por el pleno para abordar el anteproyecto y, en esa línea, analizó la incorporación del Estado Social y Democrático  de Derecho.

Y ya en horas de la tarde, tres comisiones sesionaron: la de Sistema Político, Derechos Sociales y Principios. Estas siguieron la tónica de las últimas semanas, y en sus instancias recibieron a diferentes expositores. En la “sala de máquinas”, el abogado Alfonso Canales señaló sus reparos a consagrar el trabajo decente por su incertidumbre jurídica y rescindir el derecho a huelga de la negociación colectiva. Eric Campos, secretario general de la Central Única de Trabajadores, defendió la profundización del derecho a la huelga en el sector público. Y Francisco del Río, exasesor externo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sugirió supeditar la negociación colectiva al derecho a la huelga.

Por otro lado, en la Comisión de Derechos recibió la exposición de, primero, Raquel Yrigoyen, experta peruana en derecho internacional, quien destacó la necesidad de que la nueva Carta Magna reconozca la preexistencia de los pueblos indígenas. Luego, el ex consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), José Aylwin, valoró el reconocimiento de “los derechos de los pueblos indígenas individuales y colectivos”. Posteriormente, el ex-parlamentario y ex ministro, José Antonio Viera Gallo, realizó una serie de observaciones al anteproyecto que, a su juicio, debieran ser revisados, como una de las causales a las acusaciones constitucionales la modificación de los ministerios. Y, finalmente, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, enfatizó que en las elecciones internas de los partidos políticos deben estar mejor redactadas para evitar ambigüedades.

Y en otras de las salas del ex-Congreso, la comisión de Principio revisó los artículos 17 al 22 del anteproyecto, que tratan sobre la nacionalidad y la ciudadanía. Y, para ello, una serie de académicos y expertos entregaron algunas observaciones, así como valoraron los avances.

El día martes, en cambio, las cuatro comisiones se centraron de lleno en el estudio de sus respectivos capítulos. Derechos Sociales y Función Jurisdiccional durante la mañana, Principios durante la tarde, y Sistema Político a lo largo de todo el día.

Tal vez la más “sensible” de todas las discusiones fue la que tomó lugar dentro de la Comisión de Derechos Sociales. Allí se debatió, junto a expertos invitados, sobre el destino de los fondos previsionales, y principalmente sobre la idea de “constitucionalizar las AFP”. Pero también, en la instancia se tocaron temas relativos a la salvaguarda ambiental y la propiedad intelectual.

A la par, la comisión de Función Jurisdiccional revisó normas sobre el Poder Judicial, la Corte Constitucional y la probidad en materia pública. Principalmente, los académicos e investigadores invitados centraron las deliberaciones en la autonomía y las facultades del órgano que viene a reemplazar al Tribunal Constitucional, mientras que se realizaron observaciones a la serie de órganos que plantean introducir el anteproyecto para la gobernanza judicial.

Por otro lado, y ya durante horas de la tarde, la comisión de Principios recibió de sus expositores una solicitud algo delicada: incluir el derecho a la vida del que está por nacer. Esta discusión es, tal vez, la más valórica entre sectores progresistas y conservadores, pero no fue la única solicitud. También, se escucharon las exposiciones que solicitaban reducir la edad para poder participar de eventos electorales a los 16 años e implementar mecanismos de paridad de entrada y de salida.

Mientras tanto, la “sala de máquinas” se la pasó deliberando sobre la real capacidad del Estado para poder repartir mejor el poder entre las regiones. De hecho, la instancia recibió la exposición de más de 7 expositores que dieron sus puntos de opinión.

El día miércoles, solo las comisiones de Derechos Sociales y de Sistema Político sesionaron. La primera continuó profundizando el debate sobre el derecho a la salud y la importancia del desarrollo agricultural, mientras que la segunda se enfocó en los mecanismos para la modernización del Estado y si acaso las Fuerzas Armadas requieren de un capítulo específico.

Y el día jueves, el presidente de la cámara alta, José Antonio Coloma (UDI), llegó hasta el pleno por la mañana para exponer sobre las falencias del sistema electoral. El senador valoró la implementación del umbral del 5%, así como se mostró cercano a la idea de votar por un candidato y no por una lista. Aunque sí mostró reparos hacia la paridad de salida, las derogaciones populares de norma, las pérdidas de los escaños a aquellos parlamentarios que renuncien o sean expulsados de sus partidos y la celebración coincidente de la segunda vuelta presidencial y las parlamentarias.

Ya por la tarde, nuevamente solo las comisiones de Derechos Sociales y Sistema Político sesionaron. Ambas trataron una batería de normas correspondientes a su instancia, entre las que destacan el derecho al cuidado y a la propiedad, en el caso de la primera comisión, derechos de pueblos indígenas, descentralización, democracia directa y modernización del Estado, en el caso de la segunda.

Y para hoy viernes estaba previsto que el saliente presidente de la cámara de diputados, Vlado Mirosevic (PL), expusiera ante el pleno sus observaciones sobre el anteproyecto.

Reducción de escaños y limitación del derecho a huelga: Las enmiendas que se preparan

Sin embargo, la verdadera discusión no tomó lugar dentro de las comisiones, sino que en conversaciones de pasillo y reuniones privadas. Y es que los consejeros afrontan la presentación de enmiendas. El lunes a medianoche vence el plazo, y mientras el partido Republicano con Chile Vamos se abren al diálogo para lograr consenso entre ellos, la izquierda afina sus últimos detalles en cuanto a la modificación del anteproyecto.

Es más, la discusión que vimos dentro del Consejo Constitucional es la antesala de ciertos debates. Uno de ellos es la posible propuesta de reducir los escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, mientras el Partido Republicano es uno de los principales propulsores de la norma, y que han sugerido la alternativa de reducir el tamaño de los distritos, aún no hay consenso dentro de la centro derecha.

También, en la oposición preocupan otras materias. Se trata de la fecha de la segunda vuelta presidencial, la que, según la propuesta de los expertos, coincidiría con las parlamentarias. Es aquí donde ciertos consejeros de oposición plantean presentar una enmienda para suprimir dicha norma. El argumento es que podría existir el riesgo de que los parlamentarios tengan que forzar una definición presidencial en medio de la segunda vuelta, cuando lo mejor -según manifiestan- es que existe un mayor contrapeso en los poderes del Estado.

El derecho a huelga es otra de las aristas de la discusión. Tanto consejeros de la UDI como Republicanos estarían trabajando en ingresar enmiendas para mantener una regulación similar a la vigente en la actual constitución. Es decir, intentarían excluir al sector público del derecho a la huelga, algo que la izquierda ha tildado de “retroceso” y un peligro para los acuerdos dentro del proceso constitucional.

Su idea, sin embargo, ha sido criticada por representantes de sindicatos y académicos, pero también celebrada por otros. Vale decir que el anteproyecto presentado por la Comisión de Expertos, consagra la regulación sindical, pero en tres aspectos. El derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga.

Ahora bien, otra materia que el Partido Republicano y Chile Vamos buscan impulsar es la limitación del periodo que tengan los magistrado de la Corte Suprema, para que estén como máximo entre 15 o 20 años. La posible propuesta, no incluiría a los actuales jueces. La actual Constitución no considera ninguna limitación en esta materia. La única limitante hoy es que dichas autoridades deben dejar sus cargos al cumplir 75 años.

Finalmente, y tal vez la más polémica, es la idea de crear nuevos capítulos, específicamente para la Defensoría de las Víctimas y para las Fuerzas Armadas y de Orden. La controversia está en si acaso existe el fundamento legal para incorporar nuevos acápites a la estructura del anteproyecto.

Si se ingresan estas y otras enmiendas estará por verse la próxima semana.