Si bien el Estado tiene la obligación de cumplir con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eso no significa que también lo esté respecto de las decisiones de los Comités, resuelve Tribunal Supremo de España.

El Tribunal Supremo de España acogió un recurso de casación interpuesto por el Ministerio del Interior en contra de la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoció el derecho a una mujer a ser indemnizada por la responsabilidad patrimonial del Estado.

El caso se refiere a la denuncia que la actora interpusiera por la acción de cuatro policías por presuntas lesiones que habría sufrido durante su detención. La causa iniciada a raíz de esos hechos terminó con el sobreseimiento provisional de los imputados, lo que se ratificó luego que el Tribunal Constitucional desestimara un recurso de amparo deducido en contra de la decisión que confirmó la sentencia de instancia. En vista de ello, la actora presentó una queja ante el Comité contra la Tortura de la ONU, el cual determinó que el Estado tenía responsabilidad en los hechos denunciados e instó al Estado a que indemnice a la víctima por los daños materiales y morales causados. No obstante las recomendaciones recogidas en los dictámenes de los Comités creados en aplicación de los Pactos y Convenciones celebrados en el marco de las Naciones Unidas, referidos a los derechos reconocidos en cada Pacto o Convenio, el recurrente sostuvo que ellos no tienen fuerza ejecutiva y no dejan sin efecto la cosa juzgada material de las sentencias y resoluciones judiciales internas, esto es, las resoluciones dictados por la jurisdicción penal y los tribunales que intervinieron en el asunto. El Ministerio del Interior alegó que la decisión del Comité contra la Tortura no puede ser considerada un título de imputación suficiente para dar lugar a la responsabilidad patrimonial.