Proyecto de ley restringe el ingreso a la administración pública a quienes pertenezcan a entidades sin fines de lucro que opten a financiamiento público.

La moción, patrocinada por los Diputados Fernando Bórquez, Álvaro Carter, Eduardo Cornejo, Joaquín Lavín, Gastón Von Mühlenbrock, Daniel Lilayu y las Diputadas Natalia Romero, Marlene Pérez, Flor Weisse, y Marta Bravo, modifica la ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, para restringir el ingreso a la administración pública de quienes pertenezcan a entidades sin fines de lucro que opten a financiamiento público.

Los autores del proyecto de ley señalan que el principio de probidad, publicidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, establecido en el artículo 8° de nuestra Carta fundamental, reconoce este valor jurídico como pilar de la confianza y legitimidad del poder delegado por la sociedad civil a sus autoridades.

Exponen que, en nuestro país, luego de una serie de casos emblemáticos de corrupción y financiamiento ilegal de la política, se ha construido una robusta regulación en estos temas lo cual si bien ha obligado a la administración a ser más cuidadosa y diligente en su actuar, evitando los conflictos de interés y secretismos, aún no soluciona ni menos garantiza una eficiente fiscalización de todo el sector.