El presente artículo corresponde a una reflexión personal por parte del autor de como el combate a la corrupción se ha ido dejando de lado, descansando principalmente en la persecución penal de la misma, sin llevar a cabo políticas que la desincentiven o que logren prevenirla.
Caso Convenios
Caso Convenios: Corte de Concepción confirma el arresto domiciliario total de imputado por fraude al Fisco.
Caso Convenios: Juzgado de Garantía de Antofagasta decreta el arresto domiciliario y arraigo de imputada por fraude al Fisco.
Caso convenios: Corte de Antofagasta decreta el arresto domiciliario y arraigo de imputados por fraude al Fisco.
Si imputado por Caso Convenios se encuentra formalizado no puede exigir que el Ministerio Público le informe sobre otras indagaciones solo en base a notas de prensa, pues tal no es el objetivo de la acción constitucional de amparo.
El artículo 186 del Código Procesal Penal nada dice sobre un presunto derecho del investigado y formalizado a conocer si existen otras investigaciones en su contra, que pudieren dar lugar a reformalizaciones o nuevas formalizaciones, informó el recurrido.
Sala respalda investigación sobre Caso Convenios.
El informe concluye que, “evidentemente, hay un mecanismo de conducta para aprovecharse del Estado” y que es “una práctica transversal”.
Caso Convenios: Cámara aprueba nueva comisión investigadora.
Un grupo parlamentario deberá estudiar los actos de varios ministerios y gobiernos regionales en relación con el llamado Caso Convenios, relativo a la entrega de fondos públicos a entidades privadas.
Continúan audiencias en el marco de la acusación contra ministro Montes.
En doble jornada, la instancia que analiza la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, recibió a académicos y al abogado querellante del caso convenios, Pablo Toloza.
Caso Convenios: Corte de Concepción confirma el arresto domiciliario total y arraigo nacional para los cinco imputados por fraude al Fisco.
La Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Concepción.
Proyecto de ley restringe el ingreso a la administración pública a quienes pertenezcan a entidades sin fines de lucro que opten a financiamiento público.
Ya sea como socio, fundador, representante legal remunerado o ad honorem, aporte como capital humano, u otra participación a cualquier título, que tenga por fin satisfacer una necesidad pública.