Contraloría General de la República.
Labores de fiscalización efectuadas fuera del lugar en dónde se desarrollan las funciones, pero dentro de la misma ciudad, dan derecho a la asignación de movilización.
Si los fiscalizadores realizan visitas domiciliarias o labores inspectivas en el desempeño de su cargo, para lo cual incurren en gastos de traslado, corresponde que se mantenga el pago de la asignación de movilización.

Se dirigió a la Contraloría General de la República la Superintendencia de Pensiones para consultar si es procedente otorgar la asignación de movilización a funcionarios que desarrollan labores de fiscalización en terreno y desempeñan sus funciones habituales en una modalidad de 3 días de teletrabajo y 2 días de trabajo presencial a la semana.
Agrega que las labores de fiscalización pueden ser realizadas en terreno durante jornadas de trabajo presencial o de teletrabajo, puesto que dichas labores inspectivas obedecen a una programación global de fiscalizaciones o situaciones de contingencia que deben ser atendidas necesariamente.
Sobre el particular, la Contraloría alude al artículo 53 de la ley N° 21.306 que facultó a la Superintendencia de Pensiones para eximir del control horario de jornada de trabajo hasta el porcentaje de la dotación máxima del personal del servicio que se fije por la Dirección de Presupuestos, con excepción de aquellos pertenecientes a la planta directiva o que desempeñen funciones de jefatura, quienes podrán realizar sus labores fuera de las dependencias institucionales, mediante la utilización de medios informáticos dispuestos por el servicio.
Temas
Te puede interesar

Covid-19.
CGR determinó que procede el pago de asignación de movilización a funcionarios que hayan retornado a labores de manera presencial, siempre que cumplan con la totalidad de los requisitos dispuestos para su entero.

Cámara de Diputados.
Postulan que se incrementen los recursos a la Contraloría General de República.

Dictamen Contraloría General de la República.
Municipalidad de San Joaquín puede establecer un límite de edad para acceder al beneficio que voluntariamente otorga a los hijas e hijas de sus funcionarias.

