Diario Constitucional

Remisión normativa y derogación.

Reclamo de ilegalidad en contra de la CMF por aplicar disposición que considera supuestos derogados de la Ley 18.815 sobre límites de inversión inmobiliaria se acoge por la Corte Suprema.

Se reprochó a la compañía haber excedido los límites basados en hipótesis que no existen actualmente, careciendo la CMF de facultades para revivir o interpretar normas derogadas. No resulta factible aplicar el artículo 23, N°2, letra d), del DFL N°251, que se refiere a supuestos derogados del artículo 5 de la Ley 18.815, sobre activos que podían ser objetos de inversión.

Por Redacción·03 de agosto de 2023·7 min de lectura
Reclamo de ilegalidad en contra de la CMF por aplicar disposición que considera supuestos derogados de la Ley 18.815 sobre límites de inversión inmobiliaria se acoge por la Corte Suprema.
Referencial

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Santiago, y acogió la reclamación de ilegalidad interpuesta por Penta Vida en contra del Oficio N°74.629/2021 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el cual instruyó a la aseguradora informar a la entidad reguladora -como hecho esencial-, un déficit en sus inversiones representativas de reservas técnicas y patrimonios de riesgo en sus estados financieros correspondientes al 30 de junio del 2021, en aplicación de lo previsto en el artículo 23, N°2, letra d), del DFL N°251, norma que contempla supuestos del derogado artículo 5 de la Ley 18.815.

El artículo 5 del artículo 18.815 regulaba los activos e instrumentos a los que debían destinarse los fondos de inversión (por su relevancia en este caso, los indicados en sus numerales 10, 11, 12, 13 y 15, que hacían referencia a activos e instrumentos inmobiliarios consistentes en bienes raíces urbanos ubicados en Chile cuya renta proviniese de la explotación como negocio inmobiliario, mutuos hipotecarios endosables, acciones de sociedades anónimas inmobiliarios o cuyo giro único inmobiliario, cuotas o derechos sobre bienes muebles e inmuebles, y acciones de sociedades cuyo giro único fuese la participación en concesiones de obras de infraestructura de uso público).

El reclamante cuestionó la referida instrucción en tres aspectos: 1) recriminó la falta de fundamentación del acto; 2) alegó que fuera dictado por el Director de Supervisión Prudencial y no por el Consejo de la CMF, y 3) manifestó que fue impartida por la CMF aplicando supuestos que fueron suprimidos del ordenamiento jurídico (la Ley 20.190 derogó parcialmente el artículo 5 de la Ley 18.815, mientras que la Ley 20.712 derogó totalmente aquel cuerpo normativo), por lo que estima que el acto es abiertamente ilegal por reprochar a la compañía el haber excedido los límites basados en hipótesis que no existen actualmente, careciendo la CMF de facultades para revivir o interpretar normas derogadas.

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