El can marcó el maletero del vehículo del imputado, encontrando al interior droga junto con diversas especies para su dosificación y comercialización; el máximo Tribunal sostuvo que el procedimiento de fiscalización se ajustó a derecho, por cumplir los policías con el deber de control de rutas exigido en la Ley de Tránsito.

El Serviu de la Región de Los Lagos quiso eludir la responsabilidad solidaria que le compete en régimen de subcontratación, al sostener que solamente era el financista y no el dueño de las viviendas sociales encargadas para construcción a la empresa demandada principal, situación que infringió el artículo 183-A del Código del Trabajo.

El recurso de unificación de jurisprudencia no cumple su objeto, si la denuncia de la norma decisoria no ha sido desarrollada en el libelo, hecho que impide el adecuado cotejo de los fallos acompañados, puntualizó el máximo Tribunal.

Alcalde de María Elena desvinculó a docente de planta esgrimiendo normas del estatuto docente para separar a la funcionaria por salud incompatible, sin consultar previamente a la COMPIN, situación anómala que hizo improcedente el despido y puso a la demandante en posición de se ser indemnizada mediante la aplicación subsidiaria de los artículos 162 y 168 del Código del Trabajo.

Acreedor acusó infracciones de derecho en fallo de alzada que revocó aquel de base y declaró prescrita la acción ejecutiva, sin embargo, no cuestionó las normas de fondo en materia de prescripción y nulidad procesal.

La interpretación del artículo 199 del Código Civil, dispone la negativa de las partes demandadas para configurar la presunción, cuando el presunto padre ha fallecido y sus herederos son demandados por reclamación de filiación.

Se demandó por despido injustificado y una Sala de la Corte de Santiago confirmó la resolución que no dio lugar a la tramitación de la acción, por no acudir previamente el demandante a la Inspección del Trabajo, acto que vulneró el derecho a defensa y tutela judicial efectiva del actor.

Los pagos referidos en las Leyes N°19.933 y N°19.410, corresponden a beneficios en la remuneración de los docentes por diversos ítems, respecto de recursos que antes de la entrada en vigor de estas normas eran destinados a los sostenedores de los establecimientos públicos o privados.

Ante un incumplimiento contractual, el acreedor no puede eludir el procedimiento declarativo ordinario para hacerse de un título ejecutivo de manera expedita mediante una gestión preparatoria, ya que vulnera el derecho a la defensa del supuesto deudor.

La citación a confesar deuda debe recaer en un simple acto previo que contenga una obligación, pero no en un asunto que revista el carácter de incumplimiento contractual el cual debe ser revisado en un juicio de lato conocimiento.