La diferencia entre infracciones menos graves y leves consiste en que la falta, en el primero de los casos, debe guardar relación con aquella parte del ordenamiento jurídico educacional que establece o regula los “deberes y derechos” de los integrantes de la comunidad educativa.

Si bien se abstuvo de aplicar la tabla de factores, la recurrida realizó un acto arbitrario e ilegal al querer cobrar el mismo valor del contrato por cada carga del recurrente.

La Corte Suprema concluye que se configuran todos los requisitos de la responsabilidad contractual, razón por la que los vicios denunciados no han influido en lo dispositivo del fallo.

No existió ilegalidad en la decisión del tribunal, pues escuchó a todos los interesados y actuó conforme a su mandato legal.

En el contexto de delito flagrante tales actuaciones están amparadas por la letra d) del artículo 183 del Código Procesal Penal.

El recurrente denuncia que no puede ejercer su trabajo de forma libre, ya que le fue aplicada la citada sanción, estando pendientes recursos sobre la misma.

El máximo Tribunal carece de las pericias pertinentes que permitan adoptar medidas como la paralización del proyecto del que es titular la empresa recurrida, a consecuencia de alguna vulneración a garantías por los hechos denunciados.

La infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso.

El recurrente sostiene que tal demora en el acto administrativo vulnera los principios de celeridad de la Ley N°19.880, y los artículos 3 y 8 de la Ley N°18.575.

La Contraloría General ha reconocido esta facultad de los alcaldes como propia de sus atribuciones.