Por aplicación del principio de especialidad, dichos profesionales se encuentran reglados por el Estatuto Docente, por tanto, su contratación no posee el carácter de laboral, y rigen a su respecto las normas del Estatuto especial al momento de finalizar su prestación de servicios.
La recurrente solicitó la rectificación del decreto de posesión efectiva, al verificar que se incluyó a dos de sus hermanos que por medio de escritura pública repudiaron la herencia de su madre. La Corte resolvió que la actora no pudo acreditar que el repudio se efectuara antes de presentar la solicitud de posesión efectiva.
El máximo Tribunal indica que es irrelevante si dicho instrumento está o no inscrito, ya que vincula jurídicamente al ocupante con el bien raíz, en consecuencia, la demanda de precario no es la acción adecuada para perseguir la restitución del inmueble.
El ministro instructor hizo lugar a la solicitud de extradición, pero suspendió la entrega del requerido por razones de arraigo familiar y reinserción ordenando su juzgamiento en Chile, decisión que revocó el máximo Tribunal al observar que la persecución penal en nuestro país se “tornaría ilusoria” debido a que toda la prueba se encuentra en Argentina, disponiendo la entrega diferida del connacional una vez que cumpla su actual condena.
El acusado intentó anular la condena argumentando que fue condenado con el sólo mérito de su declaración inicial, lo que fue refutado por el máximo Tribunal al indicar la declaración de testigos y funcionarios policiales, que dieron cuenta de la dinámica del accidente, la participación del imputado, su huida del lugar, y la omisión de auxilio a la víctima, acreditan los elementos establecidos por el artículo 196 de la Ley de Tránsito.
El demandante acusó al Banco acreedor de pactar intereses por sobre el máximo convencional, fundado en que, a pesar de acordar el monto del crédito y su pago en dólares, el acto se encuentra regulado por las tasas que establece la Ley Nº18.010 al ser una operación local.
Alberto Mayol fue beneficiado con una comisión de estudios para cursar un doctorado en España, no obstante, la recurrida redujo el monto del viático mensual asignado argumentando que con anterioridad el sociólogo habría emitido boletas por dicho ítem, discrepancia que en opinión del máximo Tribunal debe ser conocida por la justicia ordinaria.
El recurrente acusó a su sobrina -una menor de 16 años- de vulnerar su derecho a la honra por medio de publicaciones en redes sociales, donde lo sindicaba como autor de presuntas violaciones y abusos sexuales, sin embargo, al momento de la presentación de la acción tutelar, la joven ya había eliminado todas las publicaciones difamatorias, por lo que el recurso perdió oportunidad.
Los recurrentes deben poner en conocimiento los antecedentes a la justicia ordinaria, quien determinará la existencia de las supuestas infracciones a la Ley N°19.733, en la emisión del reportaje que acusan de difamatorio.
El acusado intentó anular el juicio, argumentando ser sometido a un control vehicular por el mero hecho de conducir un automóvil con vidrios polarizados, no obstante, el tribunal indicó que el indicio habilitante de la actuación policial fue la huida desesperada de los ocupantes del móvil al notar la presencia policial, quienes incautaron al recurrente 106 papelillos de pasta base, así como dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.
El imputado pretendió anular la condena en su contra, cuestionando la pertinencia de la denuncia generada por la aplicación, en la que se le acusa de portar un arma de fuego en plena vía pública en la comuna de Estación Central, hecho que fue corroborado por los agentes que lo controlaron y detuvieron.
