Diario Constitucional

Daño moral.

Corte Suprema condenó a empresa junto a maestro soldador a pagar solidariamente una indemnización a menores de edad afectados por incendio en Valparaíso en 2013.

El máximo Tribunal estableció error de derecho al desestimar a los menores de edad que fueron representados solo por uno de sus padres en la demanda civil deducida.

Por Redacción·09 de agosto de 2023·7 min de lectura
Imagen: Cooperativa
Referencial

La Corte Suprema revoca la sentencia en alzada y condenó a la empresa Inmobiliaria e Inversiones RVC SpA a pagar solidariamente junto a maestro soldador una indemnización de $500.000 por concepto de daño moral a cada uno de los más de cien menores de edad que resultaron afectados por el incendio que destruyó sus viviendas en febrero de 2013, fuego que se inició en el cerro San Roque y que se extendió a Rodelillo y Placeres.

El fallo señala que, consta de la sentencia de primer grado, confirmada por la sentencia impugnada que no eliminó el considerando 38°, que el fundamento para rechazar la pretensión de indemnizar el daño moral de los menores de edad que comparecieron en autos, se basó principalmente en la aplicación de la regla del artículo 244 del Código Civil, vigente a la época de la presentación de la demanda, argumentando que para actuar en representación de los hijos menores de edad se hacía necesaria la actuación de consuno de ambos padres, o bien que se acreditase la situación de excepción del inciso 1° de dicha disposición en orden a que se acreditara la existencia de un acuerdo de los padres suscrito por escritura pública, sin que ninguno de estos supuestos se cumplieran, pues solo se acompañaron certificados de nacimiento de los menores que daban cuenta de su nombre completo, padres y fecha de nacimiento, concluyendo que la comparecencia de los padres y madres en la forma que se ha planteado en la demanda constituye un obstáculo de forma para el ejercicio de la acción en su representación.

Agregó en el dicho considerando que, ‘aun cuando se entendiera que al haberse modificado la regulación de la patria potestad por la Ley Nº 20.680 el 21 de junio de 2013, y tratándose –en esta parte– de una norma ordenatoria Litis que regiría in actum, los certificados acompañados son insuficientes para acreditar que no haya acuerdo, y por otra parte los padres no han comparecido de consuno en representación de los hijos.’ En cuanto al fondo, aunque argumentando obiter dictum, advirtió dificultades de fondo para acceder a la demanda de indemnización del daño moral de los menores de edad, esgrimiendo que la misma prueba que había servido para construir presunción judicial de la existencia del daño moral en los adultos, no resultaba idónea para el mismo fin, ahora, respecto de estos comparecientes.

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