La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Santiago que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por un ciudadano extranjero en contra de la resolución del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) que decretó administrativamente su expulsión del país por haber sido condenado por el delito de tráfico ilícito de drogas.

La expulsión administrativa se originó en la sentencia dictada por el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago (de fecha 29 de enero del 2022) que condenó al recurrente como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes. Luego de ello, se le notificó lo resuelto en el procedimiento administrativo sancionatorio con fecha 9 de agosto del 2022 en que se decretó su expulsión del territorio nacional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 21.325, otorgándosele un plazo de 10 días hábiles administrativos contados desde la notificación para que realizará los descargos que estime pertinentes.

El reclamante acompañó antecedentes y formuló descargos dentro del plazo fijado, sin embargo, mediante resolución N°4562/2023 el SNM ordenó su expulsión atendida la condena que registra, medida que se debe cumplir luego de que la respectiva condena o medida alternativa las haya cumplido, imponiéndosele además, la medida de prohibición de ingreso al país por el plazo de 25 años, contados desde que haga abandono del territorio nacional.

En su reclamo judicial, expone que ingresó a Chile el 2012 por el aeropuerto de Santiago mediante vuelo procedente de Colombia, y desde ese entonces se ha mantenido trabajado en el país, viviendo con su madre, hermana y pareja.

Agrega que en enero del 2020 fue condenado por el delito de tráfico ilícito de drogas a una pena de 6 años y multa de 40 UTM, y a las accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos, y derechos políticos, además, de la inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena.

Añade que el 9 de agosto del 2022 fue notificado por el Servicio Nacional de Migraciones del inicio de un procedimiento sancionatorio en su contra por infracción a la legislación migratoria, instancia en la que formuló sus descargos y dio cuenta de su arraigo social y familiar en el país.

No obstante sus alegaciones, indica que fue notificado de su expulsión administrativa el 19 de marzo del 2023, sin que tuviera posibilidad de ejercer defensa. Considera que existió un actuar arbitrario de la autoridad migratoria, la cual afecta su derecho a vivir en familia, además, de verse perturbada su seguridad social y económica, cuando es deber del Estado dar protección a la familia y propender a su fortalecimiento.

Solicitó a la Corte de Santiago que admita a trámite su reclamo de ilegalidad (art. 141, inciso primero, Ley 21.325), lo acoja y deje sin efecto la resolución que ordenó su expulsión del país.

El Servicio Nacional de Migraciones informó que el acto administrativo impugnado se encuentra en la esfera de sus atribuciones y, además, está debidamente fundado en lo dispuesto en los artículos 128 N°2 y 32, N°5, de la Ley 21.325, que establecen causales de expulsión, una de ellas por condena del ciudadano extranjero por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

Agrega que para resolver efectuó el examen de proporcionalidad que prevé el artículo 129 de la nueva Ley de Migración y Extranjería. Al efecto, ponderó  que el reclamante: 1) Reside de forma irregular en el país desde el año 2020; 2) No acreditó mantener vínculos familiares directos en el territorio nacional por no haber acompañado documentación suficiente para corroborar sus descargos; 3) No ha realizado contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica en el país; y, 4) La gravedad del ilícito por el que fue condenado, que vulnera la seguridad y salud pública.

Finalmente, refiere que si bien el artículo 19, N°7, letra a), de la Constitución, asegura a todas las personas “el derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio”, es a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley, lo que no fue respetado por el recurrente.

La Corte de Santiago desestimó el reclamo de ilegalidad. El fallo cita el artículo 141 de la Ley 21.325, el cual prescribe que “el afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del reclamante, dentro del plazo de 10 días corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva”.

Luego transcribe los artículos 128 N°2, 32 N°5 y 129 de la Ley 20.325. La primera disposición establece “las causales de expulsión de residentes”, cuyo N°2 reenvía al artículo 32, N°5, el cual prohíbe el ingreso “a extranjeros por la comisión de delitos de gravedad en Chile o en el extranjero, o que se encuentren en procesos judiciales pendientes en el extranjero informados a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) o por los organismos de justicia con que Chile tiene convenios”, encontrándose en el catálogo de delitos el tráfico ilícito de estupefacientes.

En tanto, el artículo 129 del referido texto legal prevé una serie de aspectos que debe ponderar el Servicio Nacional de Migraciones antes de dictar una expulsión administrativa. Estos son: 1) La gravedad de los hechos en lo que se sustenta la causal de expulsión; 2) Los antecedentes delictuales que pudiera tener; 3) La reiteración de infracciones migratorias; 4) Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con residencia definitiva; 6) Tener hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva o radicados en el país, así como la edad de los mismos, la relación directa y regular y el cumplimiento de las obligaciones de familiar, tomando en consideración el interés superior del niño, su derecho a ser oído y la unidad familiar; y, 7) Las contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica realizadas por el extranjero durante su estadía en el territorio nacional”.

Agrega la sentencia, que de la revisión de la resolución impugnada, “(…) consta que la expulsión del recurrente se basa en una causa legal, y ha sido dictada por la autoridad competente en el ejercicio de sus atribuciones exclusivas”.

Añade que “(…) del contenido de dicha resolución se concluye que la misma ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 21.325, toda vez que en su considerando noveno aparece que la autoridad administrativa ha tomado en cuenta los aspectos que dicha norma obliga a ponderar, siendo del caso destacar que no mantiene vínculos familiares directos en el territorio nacional, ya que, no acompañó la documentación suficiente para corroborar los mismos. Asimismo, se verificó que no ha realizado contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica en el país. Al contrario, la conducta ilícita ejecutada por el extranjero, vulnera los bienes jurídicos de la seguridad pública y la salud pública, lo que genera graves consecuencias sociales que afectan los intereses colectivos resguardados por el Estado cuya realización atenta directamente con el bienestar común y el orden social”.

Enseguida, el fallo refiere que el procedimiento sancionatorio seguido en contra del reclamante se desarrolló en regla, y que el SERMIG efectuó “(…) el ejercicio de ponderación fundadamente dentro de los márgenes de discrecionalidad que posee la Administración, atendida la condena impuesta en sede penal al reclamante”.

Concluye la Corte de Santiago señalando que, “(…) en este caso concurre el presupuesto jurídico que permite a la autoridad disponer la expulsión del país, actuación que está comprendida dentro de sus atribuciones y conforme a la legislación vigente, la que le impone determinar la expulsión de los extranjeros que no den cumplimiento a la legislación migratoria y, en particular y expresamente ante la ejecución de ciertas conductas específicamente contempladas en ella, dentro de las cuales se encuentra el haber sido condenado por el delito de tráfico ilícito de drogas, por lo que (…) resulta dable concluir que no se verifica el vicio de ilegalidad que se reclama respecto de la resolución recurrida, la que fue dictada por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones, fundada en causal legal, y debida y suficientemente motivada, considerando la gravedad del ilícito por el cual ha sido condenado el reclamante; y que los bienes jurídicos tutelados de protección de la sociedad en general y, el bien común, se imponen por sobre la eventual existencia de una relación familiar que el amparado invoca, y que se afectaría por la expulsión, lo que por lo demás no fue acreditada, así como tampoco el haber realizado contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica en el país, como se consigna expresamente en la resolución”.

La sentencia fue confirmada en alzada por la Corte Suprema.

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