Tensos debates

Diálogo, consenso y acuerdos. Tres simples palabras, pero que hoy toman más fuerza que nunca, en el marco del debate para construir una nueva Constitución, como han dicho muchos, que represente a todas las y los chilenos.

Ciertas opiniones han surgido en torno a ello. No es una novedad las diferencias que guardan los sectores políticos y como tal, sus partidos. Sin embargo, los comentarios son alcanzar acuerdos, a pesar de las diferencias, algunas ya evidenciadas en el debate de las enmiendas.

Uno de los tira y afloja que trajo secuelas y tensión para el Consejo Constitucional es el pronunciamiento de la Corte Suprema de rechazar el requerimiento que ingresaron ciertos consejeros y consejeras del oficialismo en cuanto a la discusión de nuevos capítulos que intenta ingresar –y que serán debatidos– la oposición. 

El argumento del oficialismo, según manifestaron, responde a que de ser admisible estas enmiendas “se afectaría la posibilidad de la deliberación democrática en el Consejo”.

No obstante, el máximo tribunal ya tomó una decisión y por ende, hay una tarea para el Consejo Constitucional: Debatir y votar las enmiendas que proponen nuevos capítulos a la Carta Magna en construcción.

Si ya los ánimos se elevaron con esa decisión y la tensión que se ha generado, las subcomisiones tampoco han quedado fuera. Esto, dado que en cada una de ellas se ha posicionado algún tema, que en más de algún consejero o consejera ha generado debates.

Uno de estos debates ocurrió en la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Aquí, se dio la discusión en tres temas: Medioambiente, salud y medicamentos. 

El primer punto generó discusiones debido a una enmienda –presentada por la UDI– que eliminaría los conceptos de “sano y sostenible” del inciso correspondiente que se abordó. Así, proponen agregar la frase: “equilibrado y compatible con el desarrollo”.

El consejero constitucional, Arturo Phillips (UDI) entregó sus argumentos. ¿Cuál es la idea? Según Phillips, el núcleo de la enmienda es inspirar una redacción de carácter antropocéntrico y no ecocéntrico.

Sin embargo, la consejera oficialista, Nancy Márquez (CS) manifestó que “me preocupa la subordinación de la protección del medio ambiente al crecimiento económico”.

En cuanto a la salud, ciertos consejeros y consejeras, como Paloma Zúñiga (RD) expresaron la importancia de la dimensión social en el derecho a la salud. Esto, dado que una enmienda de la oposición, busca sustituir la frase “social y mental” por “y mental”. 

Por otra parte, una enmienda presentada por RN y Evopoli busca presentar un plan universal de salud, el que podría ser entregado por instituciones públicas o privadas. 

Dicho punto, no dejó indiferente a las y los consejeros. Es más, algunos volvieron a un tema importante y que ha sido materia de análisis en el Consejo Constitucional, manifestando que la enmienda podría dar paso a constitucionalizar las Isapres.

Desde la oposición, el consejero constitucional, Germán Becker (RN) explicó los argumentos de la enmienda. En su exposición, además de explicar el objetivo, agregó que “las personas que no tengan esos recursos, el Estado de alguna manera garantice que puedan también participar poniéndole los recursos”.

En tanto, en el oficialismo, la consejera Paloma Zúñiga (RD) marcó la importancia de discutir sobre la característica de que dicho plan pueda ser sin fines de lucro. Pero su símil, Karen Araya (PC) fue más crítica con la enmienda. 

“Me parece preocupante, porque –lo que dice la enmienda– finalmente sería constitucionalizar las Isapres. La aseguradora es la Isapre. Esto es elegir entre Fonasa o Isapre”, aseguró.

La discusión en torno al acceso a los medicamentos también se robó miradas en la subcomisión. Una de las enmiendas, que fue presentada por la UDI, RN y Evopoli, propone que “las acciones de salud comprenden el acceso a los medicamentos, cuidados paliativos e insumos médicos en los casos y formas que establezca expresamente la ley.”.

El reparo vino desde el oficialismo, mediante el comisionado, Flavio Quezada (PS), quien aseguró que “esa jurisprudencia deviene en inconstitucional”. Y ejemplificó que si una persona fuese a la Corte Suprema a exigir un medicamento –de alto costo– que ponga en riesgo su vida, hoy sería acogida esa acción. Sin embargo, explicó que si esto se aprobase, dicha acción sería rechazada.

Desde la oposición, el consejero constitucional, Germán Becker (RN) se refirió a la enmienda y afirmó que el espíritu de ellos no es terminar con los medicamentos de altos costos, “lo que queremos es que las personas que no puedan acceder a otro tipo de medicamentos, puedan también acceder”.

Otro de los temas álgidos que ha estado presente en la discusión, es el derecho al sufragio voluntario desde los 16 años. Sin embargo, la enmienda –propuesta por el oficialismo– tuvo reparos desde el lado opositor.

Para ello, la comisionada experta, Antonia Rivas (CS) explicó que “el fundamento tendría que ver con empezar a garantizar y fomentar en los niños y niñas algo tan importante como es la participación ciudadana y educación cívica”.

En tanto, ciertos reparos vinieron del Partido Republicano. La consejera constitucional, Patricia Spoerer manifestó que “primero hay que enfocarse en enseñar y después, más adelante, cuando tengamos resuelto ese tema, deberíamos quizás ver la posibilidad de que alguien a los 16 años pudiese votar, porque si no sería irresponsable”.

Mientras que, el consejero constitucional Jorge De la Maza fue más crítico con su comentario. “Creo que un menor de 18 años, inclusive menor de 21 años, vota con la guata y no vota con la cabeza”, afirmó.

Entre los demás debates que trató la subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado está la eliminación del concepto “referendos” y el financiamiento de las campañas, ambos temas que también elevaron el debate.

Ahora bien, la discusión constitucional se extendió. La misma subcomisión, también, fue centro de debate respecto de la reserva de escaños para pueblos indígenas en el Congreso.

La enmienda –ingresada por el oficialismo– generó reparos desde la oposición. Por su parte, el consejero constitucional, Jorge De la Maza –que ya se había manifestado en la enmienda del derecho al sufragio voluntario– volvió a formular reparos. 

Mientras que el consejero consultó sobre cómo se pretende abordar la proporcionalidad de los escaños a otorgar para los pueblos originarios, desde el oficialismo, la comisionada experta, Antonia Rivas (CS) explicó que hay diversas maneras de establecer los escaños y sus proporciones. De esta forma, manifestó que podían ser supranumerarios o dentro del mismo número fijo. 

Por su parte, el consejero constitucional, Alihuen Antileo también se involucró en el debate. “Hay dos grandes temas a resolver. El primero de ellos es si queremos –o no– que haya escaños reservados en el Congreso para pueblos indígenas”.

En tanto, el comisionado experto, Sebastián Soto (Evopoli) manifestó que el inciso segundo fue fruto de un acuerdo político dentro de la Comisión Experta ¿El argumento? “No quisimos constitucionalizar escaños reservados”, mencionó el comisionado. 

“Yo creo que esto requiere una discusión mucho más profunda y larga, difícil de tener en los breves plazos de este proceso”, añadió.

Enmiendas y más enmiendas

Las diferentes comisiones han debatido sin parar sobre las enmiendas realizadas al anteproyecto. Existen muchos temas que se llevan la atención dentro del ex Congreso. Algunos de ellos son: la educación, la paridad y las acusaciones constitucionales; las cuales han estado de moda últimamente.

Pero vamos por parte, ¿Qué se habló acerca del derecho a la educación? En la comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; debatieron acerca de las enmiendas hechas al Art. 16, inciso 22 entregado por la Comisión Experta. Durante la discusión, se debatió la enmienda del oficialismo que propone integrar la gratuidad de forma progresiva en la educación superior y la asignación de recursos públicos. 

Al respecto, la derecha planteó que no sean inconstitucionales otros sistemas de ayuda de financiamiento. En cuanto a la asignación de recursos, la bancada de Chile Seguro en conjunto con el Partido Republicano, proponen que responda a ciertos criterios como la no discriminación arbitraria y la calidad.

El comisionado experto de la UDI, Jaime Arancibia, argumentó que “no se trata de un premio a los que lo hacen bien y un castigo a los que lo hacen mal. (…) Al financiar establecimientos que no están bien se busca mejorar su rendimiento o porque estos, aseguran cobertura”. 

Por otro lado, la paridad ha estado en boga desde la Convención Constitucional. Sin embargo, hay distintas opiniones sobre ella. Hay quienes están de acuerdo y quienes no. Otros prefieren sólo la paridad de salida. 

En la comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado; se dio un intenso debate en la sesión del viernes, donde la enmienda que elimina el mecanismo de corrección de género en las elecciones parlamentarias fue el tema principal.

Pero, ¿Por qué generó tanto debate? El Partido Republicano ingresó una enmienda que suprime la iniciativa propuesta por la Comisión Experta, la cual proponía que ningún sexo superara el 60% en las cámaras por las primeras dos elecciones. 

Ante esta disposición transitoria, la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, expresó que no le gustaba la norma. “Quiero llegar a los espacios porque se validó mi opinión, mis capacidades y mis habilidades, y no porque sentí que me regalaron un espacio. Y ese es uno de los profundos problemas que tengo con la paridad: que las mujeres quedan con la impresión de que llegan a los espacios, porque se les regaló”, señaló Hevia.

En cambio, desde el oficialismo apoyan la iniciativa de la Comisión Experta y lamentan la enmienda republicana. Así lo manifestó Jessica Bengoa (CS) en entrevista luego que terminara la sesión.

Hablando de la misma comisión de Sistema Político, el capítulo IV que trata las atribuciones de la Cámara y las acusaciones constitucionales, fue debatido en la jornada matutina del jueves pasado.

Dos enmiendas al Art. 60 de este capítulo concentraron la discusión, ambas presentadas por la derecha. La primera, presentada por RN- Evópoli, propone elevar el quórum de tres quintos a cuatro séptimos para aprobar una acusación constitucional. Mientras que, la segunda enmienda propuesta por republicanos, propone que la sanción que se le aplique al destituido sea no poder desempeñarse en un cargo de confianza del Presidente de la República por 5 años.

Se espera que la votación de las enmiendas se realice el 28 de agosto, por lo que esta semana seguirán debatiendo las distintas subcomisiones en las dependencias del ex Congreso Nacional.