La comisión investigadora sobre el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido social recibió invitados que expusieron criterios para la entrega de este beneficio.
El exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, recordó que, a través de la discusión legislativa del Presupuesto del año 2021, se incorporó una norma que permitía contemplar, dentro de las causales establecidas en la ley para el otorgamiento de pensiones de gracia, a personas víctimas de violaciones a derechos humanos.
Informó que el tipo de lesiones sería acreditado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Además, exigía constatar que habían sufrido un menoscabo total o parcial a su capacidad de trabajo.
Acotó que, durante el 2021, la regla estuvo vigente. Sin embargo, no se recibieron solicitudes de pensiones de gracia en virtud de ella. Por lo tanto, no se otorgaron pensiones de gracia durante el año 2021 bajo tal consideración.
Alertó que en la Ley de presupuesto del año 2022 la situación cambió. Allí se incorporó una nueva disposición y los requerimientos se pasaron a dicha consideración. Al respecto, criticó que, a diferencia de la anterior, no mencionaba la condición de víctima de violación a los derechos humanos. Únicamente establecía que aquellas personas que pudieran haber resultado afectadas como consecuencia de los hechos del estallido social ocurridos el 18 de octubre y los meses posteriores podrían caber dentro de las causales establecidas.
Procedimiento de acreditación
Galli relató que, desde la Subsecretaría del Interior, se tomó contacto con el INDH, estableciendo un procedimiento para la postulación a la pensiones de gracia.
Se podía recurrir al INDH para que acreditara su condición de víctima y, una vez hecho eso, el organismo se comunicaba con la Subsecretaría para presentar los antecedentes.
Indicó que se generaron más de una centena de solicitudes por parte del INDH que se analizaron en el Departamento de acción social de la Subsecretaria del Interior. Luego, se entregaron las pensiones a quienes contaban con los requisitos.
“¿Cuál era nuestro rol desde la Subsecretaría del Interior? Evaluar el menoscabo. Si es que se cumplía con los requisitos de la ley. Un requisito adicional que ponderamos fue el nivel de afectación”, precisó.
Dijo que también se estableció como criterio el periodo de lo que se entendía por estallido social. Detalló que se determinó que se trataba del periodo contemplado desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 09 de marzo de 202o, cuando comienza la pandemia.
Observaciones
El diputado Andrés Longton manifestó que una persona con una lesión leve se entiende como alguien que tiene capacidades de trabajo. No se tiene un menoscabo permanente, planteó.
Boris Barrera solicitó ejemplos respecto de qué es lo que se consideraba lesión leve o permanente y los montos de acuerdo al nivel de gravedad.
Por su parte, Tomás De Rementería planteó que si se hubieran tomado acciones, estas pensiones no existirían. Consultó si, en su rol, tomó acción respecto de las violaciones a los derechos humanos.
En tanto, Mauricio Ojeda preguntó cuántas fueron las pensiones solicitadas en su periodo y cuántas se asignaron. Estimó que el fondo y foco es saber si quienes recibieron pensiones tienen el mérito o no.
Cristián Tapia consultó sobre la duración de las pensiones. Igualmente, si existe algo estipulado en relación a las fechas de duraciòn de estas o si alguien denunció posteriormente acceder o no.
Javiera Morales y Gael Yeomans manifestaron sus interrogantes respecto de los criterios y por qué es el INDH el que los determinaba. También hablaron sobre las definiciones iniciales de crear este tipo de pensiones y su objetivo de reparación.
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El presidente del grupo, Henry Leal se refirió a las glosas y el cambio que hubo. A su juicio, una es más genérica y la otra más específica. Asimismo, quiso saber si surgió del Gobierno o de algún tipo de negociación.
En el debate se generó un cuestionamiento. El diputado Ojeda solicitó conocer cuántos de los beneficiados por esta pensión de gracia cuentan con antecedentes penales. Otros integrantes, como el diputado Boris Barrera, consideraron que se trataba de una situación poco relevante y discriminadora.
Cabe resaltar que también expusieron en la sesión Sandra Guerra, del Departamento de acción social del Ministerio del Interior; y Lupe Aguirre, jefa de la División jurídica de esta cartera. Asimismo, estuvo presente la directora del INDH, Consuelo Contreras.