¿Qué ocurrió en la comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos?

Si la tensión entre el oficialismo y la oposición ya era un hecho, esta vez quedó aún más en evidencia. Esto, dado que la derecha presentó enmiendas de unidad de propósito (UDP) a última hora –permitido previo a las votaciones–, algo que terminó por encrespar al oficialismo. 

Tres enmiendas de UDP fueron aprobadas. Una de estas detalla el respeto a los emblemas nacionales; otra versa sobre la consagración de la cueca como el baile nacional y el rodeo como deporte nacional; y la última, que especifica el deber del Estado y las personas promover la protección de los animales y su bienestar. 

Los reparos vinieron por parte de la consejera Kinturay Melin (RD) y el consejero Yerko Ljubetic (CS), este último mostrando su preocupación y rechazo por el modo improvisado y apurado de conocer las enmiendas presentadas.

Desde la derecha, el consejero Miguel Rojas (PRep) se ocupó de dar respuesta a los reparos presentados por el bloque de Unidad para Chile. “La redacción de estas enmiendas no son sorpresa. Todos estos temas que estamos viendo se discutieron previamente en esta comisión y tienen origen en las Iniciativas Populares de Norma, las cuales recogieron el sentir de miles de chilenos”, aseguró.

Por el lado de la derecha más tradicional, la consejera Carolina Navarrete (UDI) –a pesar de votar a favor de la propuesta– manifestó dar fe de que se conversó el contenido de dicho artículo. Sin embargo, la consejera, en virtud de tener un buen ambiente y mantener el llamado a la unidad, propuso posponer la votación. “Este es un tema que debe tratarse y nos debe unir”, expresó.

A esto se suma, una tercera enmienda de unidad de propósito presentada por la derecha. “Es deber del Estado y de las personas promover la protección de los animales y su bienestar, como asimismo promover su respeto a través de la educación de conformidad a la ley”, especificó la enmienda de UDP. 

Tal fue el conflicto que, luego de esto, las y los delegados de las bancadas tomaron la decisión de posponer las votaciones para este jueves 31 de agosto, fecha en la que reanudaron las votaciones respecto a las más de mil enmiendas. Asimismo, acordaron –unánimemente– postergar la fecha límite de votaciones: Miércoles 6 de septiembre se cumplirá el plazo. 

Además, se acordó que las comisiones tendrán cuatro días obligatorios donde deberán citar para realizar las votaciones: Jueves 31 de agosto, viernes 1, lunes 4 y miércoles 6 de septiembre. Sin perjuicio de lo anterior, cada una de las comisiones estará facultada, también, para citar a otras sesiones entre dichas fechas. 

Uno de los últimos acuerdos a los que llegaron las distintas bancadas fue que el debate en el pleno del Consejo Constitucional se llevará a cabo por capítulos y no por cada uno de los artículos. 

En cuanto al medioambiente, aunque en un principio no existió el mismo nivel de acuerdo, finalmente por unanimidad se aprobó la enmienda que recalca el deber del Estado frente a la protección del medioambiente, además de velar por el cuidado y conservación de la naturaleza, su biodiversidad y promover la sustentabilidad y el desarrollo. 

Esta propuesta fue presentada por las bancadas de Chile Vamos y el Partido Republicano, y sufrió una breve corrección en el fundamento número 12, el cual finalmente quedó redactado de la siguiente forma: “Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad”. 

La presidenta de la comisión, María de los Ángeles López (PRep) reconoció que hubo “un error” de redacción en la enmienda, asegurando que “nunca ha estado en nuestro espíritu pasar a llevar ninguna de las bases establecidas”

¿Qué ocurrió en la comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales?

Este lunes se dio inicio a las primeras cuatro votaciones consensuadas en torno a enmiendas de unidad de propósito (ENP) en relación con el Capítulo XIII y VI, sobre medio ambiente. 

En un debate previo a las votaciones, los consejeros y consejeras llamaron a estar abiertos al diálogo. Karen Araya (PC) manifestó que “ven de buena manera que la derecha se pueda abrir a lograr acuerdos, pero es importante que se alcancen también en materia de otros derechos para entregar una mejor calidad de vida a las personas” 

Se sustituyó el artículo 201, que anteriormente establecía “la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y el desarrollo están orientadas al pleno ejercicio de los derechos de las personas, así como el cuidado de la naturaleza y su biodiversidad, considerando a las actuales y futuras generaciones”. Reemplazando la palabra “sostenibilidad” por “sustentabilidad”. 

Y se agregó el siguiente artículo 202 bis: La Constitución garantiza el derecho de acceso a la justicia, a la información y a la participación ciudadana, en materias ambientales, de conformidad a la ley.

Otra de las propuestas aprobadas, fue la de unidad de propósitos para establecer el derecho a la cultura. Dejando al Estado como promotor de “la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura que no sean contrarias a la tradición chilena, las buenas costumbres, el orden público o la seguridad del país”. 

También, se avanzó en la votación de las normas contenidas en este mismo capítulo referidas a la protección del medioambiente. Aprobando dos enmiendas, la primera promueve la educación ambiental, garantizando que el Estado contará con instituciones administrativas y jurisdiccionales. La segunda, consolida que los procesos al momento de evaluar, serán de carácter técnico y participativo, empleando  criterios, requisitos, trámites y condiciones uniformes.

Por otro lado, la norma presentada por las bancadas de RN/Evopoli, UDI y Republicanos que tiene por finalidad el derecho a una vivienda adecuada, también fue aprobada por unanimidad. En ella se establece que: “El Estado promoverá, a través de instituciones públicas y privadas, acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia, de conformidad a la ley”. Además de promover “medidas orientadas a generar un acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, una movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial”. 

Jorge Ossandón (PRep), uno de los promotores de esta enmienda, aseguró que la medida beneficiará a las familias con la finalidad de que no paguen un arriendo permanente. Asegurando que se establecerá de forma gradual en el tiempo, y así buscar mecanismos que compensen esta falta de ingresos. 

¿Qué ocurrió en la comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado?

Ampliar las facultades de los gobiernos regionales y los municipios es uno de los objetivos del capítulo VI, titulado «Gobierno y Administración Regional y Local». La mayoría de los artículos de este capítulo fueron respaldados por la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional en su votación.

El capítulo se centra en la regulación de los gobiernos regionales, las municipalidades (gobiernos locales), territorios especiales, desconcentración de la administración estatal y descentralización fiscal. La mayoría de sus artículos y enmiendas fueron aprobados en su totalidad, a excepción de los números 123, 124, 125, 139 y 145. Estos últimos quedarán pendientes de evaluación hasta que se conozcan los avances en relación con los requisitos constitucionales necesarios.

Entre las regulaciones aprobadas, es relevante destacar que «la ley dará prioridad a que las funciones públicas se ubiquen en el nivel donde se ejerzan con mayor eficiencia y efectividad, dando preferencia al nivel local sobre el regional, y este último, a su vez, sobre el nacional». Esta misma definición, en esa parte específica del artículo, fue formulada por la Comisión de Expertos.

El anteproyecto incluye una innovación que destaca la promoción de la conectividad por parte del Estado, en línea con el objetivo de lograr un desarrollo equitativo entre las distintas regiones y comunas de Chile. El artículo también insta a tomar medidas para reducir las desigualdades económicas y sociales, garantizando que todas las personas y comunidades tengan acceso a servicios públicos de igual calidad sin importar su ubicación.

El presidente de la comisión, Edmundo Eluchans (UDI), resaltó la voluntad de los consejeros para alcanzar consensos, a pesar de las discrepancias. Por su parte, el consejero Julio Ñanco (RD) lamentó la aprobación de algunas enmiendas, dado que su sector es minoría en dicha comisión.

La comisión decidió programar sesiones de trabajo tanto para el sábado 2 como para el domingo 3 de septiembre, con el fin de hacer progresos en los capítulos III, titulado «Representación Política y Participación», y IV, denominado «Congreso Nacional».

Fue así como en la sesión del sábado 2, la Comisión de Sistema Político del Consejo Constitucional se reunió para seguir votando enmiendas en el Capítulo III sobre Representación Política y Participación del anteproyecto constitucional.

La sesión comenzó después de las 10:00 horas, pero el presidente de la comisión, Edmundo Eluchans (UDI), propuso un receso hasta las 12:30 horas debido a la llegada de nuevas indicaciones de Unidad de Propósito de las bancadas de Chile Vamos y el Partido Republicano a sus pares de Unidad para Chile, solicitando un tiempo de reflexión sobre la propuesta. El propósito es proporcionar el tiempo necesario para el análisis de las propuestas de la derecha relacionadas con partidos políticos y la participación ciudadana.

Eluchans explicó que la intención es alcanzar un consenso entre todos los sectores políticos en relación con las enmiendas de unidad de propósito. De este modo, se busca someter a votación todo el capítulo en el transcurso de este día, teniendo en cuenta que la fecha límite para finalizar el proceso de votación es el próximo miércoles 6 de septiembre.

Además, los consejeros de diversas facciones políticas en la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado expresaron su aprecio por el trabajo realizado y la aprobación de artículos y enmiendas de unidad de propósito relacionados con el Capítulo III, que aborda la Representación Política y la Participación en el anteproyecto de la Comisión Experta.

Después de más de cinco horas de colaboración entre los bloques de Unidad para Chile, Chile Vamos y republicanos con el objetivo de llegar a acuerdos en relación con las indicaciones, se logró una votación unánime en varios aspectos de este apartado, lo que resultó en una jornada exitosa.

La retirada de numerosas indicaciones por parte de la derecha y el respaldo, aunque sin firmar, de tres unidades de propósito por parte del oficialismo, crearon un ambiente propicio para el avance, como señaló el presidente de la Comisión, Edmundo Eluchans (UDI).

Se destacó el respaldo unánime a los mecanismos de participación ciudadana en la propuesta constitucional, con la aprobación del artículo 46 que establece la creación de un repositorio para reunir información relacionada con estos mecanismos y facilitar el debate parlamentario. Asimismo, se aprobó el artículo 50, que establece la creación de foros de deliberación ciudadana consultivos para abordar asuntos de debate público, tanto a nivel nacional, regional como comunal. La consejera Gloria Hutt (Evópoli) elogió estas propuestas.

En cuanto al financiamiento público, hubo desacuerdo en relación con una enmienda propuesta por los consejeros de la UDI, que buscaba eliminar la palabra «público» del artículo 41 referente a la regulación de la propaganda electoral y el financiamiento en las campañas políticas. El oficialismo argumentó que eliminar esta palabra no favorece la transparencia en relación con los aportes de campaña, mientras que la oposición argumentó que la ley ya regula esta área de manera exhaustiva. Finalmente, la enmienda fue aprobada con ocho votos a favor y cuatro en contra.

¿Qué ocurrió en la comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos?

A pesar de la tensión entre oficialismo y oposición, la comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos fue, en cuanto al tema de Contraloría General de la República, una de las que alcanzó acuerdos, aunque no en todo.

La unanimidad a favor llegó para normas como que dicho organismo “ejercerá el control de la constitucionalidad y legalidad” en cuanto a la administración estatal, regional y local y que, también, existirá un Tribunal de Cuentas, encargado de juzgar ciertos reparos a las cuentas que realizará la Contraloría General de la República.

Asimismo, para una enmienda de unidad de propósito que consagra la labor de fiscalizar la legalidad de los ingresos, gastos e inversión de fondos públicos de dichas administraciones y otros organismos que determine la ley. También, en los casos que corresponda, la Contraloría podrá fiscalizar a entidades privadas, pero solo en cuanto a la recepción de fondos públicos. Esto con el objetivo de determinar si se dio cumplimiento al fin que busca el privado.

Las enmiendas donde no hubo consenso –pero que se aprobaron de igual forma con ocho votos a favor y cuatro en contra– fueron la que consagra que cada acto de la Contraloría se regirá por los principios de probidad, transparencia, publicidad, celeridad y rendición de cuentas. Junto con lo anterior, que el Contralor General rinda cuenta anual al Congreso. 

A esta probación –de la misma forma que la anterior– se sumó la que “todo acto de la Contraloría será impugnable judicialmente a través de las acciones constitucionales y legales”.

Algo que quedó pendiente fue la propuesta que busca crear un Consejo Técnico Asesor para la Contraloría General de la República. Mientras que el consejero constitucional, Antonio Barchiesi (PRep), mencionó que “creemos que es el horizonte hacia donde tenemos que avanzar”, la consejera constitucional de su otra vereda, María Pardo (CS) dijo que “más que politizar la Contraloría, lo que produce el Consejo, que ellos quieren incorporar, es debilitar la posición de fiscalización y control que tiene la Contraloría”. 

Retiro de propuestas y búsqueda de enmiendas de unidad de propósito

La presión en la interna del Consejo Constitucional y como tal de las comisiones comienza a aumentar cada vez más. Una de las primeras acciones detonó en el Partido Republicano, quienes dieron marcha atrás en ciertas enmiendas presentadas. 

Las y los consejeros desistieron de enmiendas como el quorum de 2/3 para reformar la Constitución, otorgar un rango infraconstitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, el derecho a la vida del que está por nacer y la enmienda que buscaba entregar la alternativa de arresto domiciliario a reos mayores de 75 años o que padezcan una enfermedad terminal. 

Sus intenciones, según indicaron, es alcanzar acuerdos con las enmiendas de unidad de propósitos en dichas materias. “Nos dimos cuenta, con el paso del tiempo, de que estas enmiendas particulares, de las que hemos desistido, estaban provocando una reacción que estaba ralentizando el proceso, que estaba provocando un cierto ofuscamiento tanto en la opinión pública como en el interior del Consejo”, mencionó el consejero republicano, Luis Silva.

La consejera constitucional, Pilar Cuevas (RN), también, alzó la voz. “Estamos muy contentos de haber logrado este avance en las conversaciones. Creemos que estamos cumpliendo el rol que nos corresponde (…) Esperamos que, ahora, la izquierda recoja estos pasos que se han dado y se sume a las unidades de propósito”, sostuvo.

El oficialismo, en tanto, acusó que los espacios de diálogos han sido reducidos y de un gran desorden. “Nos parece que no han entendido aún que son ellos –oposición– los que tienen la conducción, porque finalmente tienen la mayoría y, sin embargo, se ven presentando unidades de propósito a últimas horas, improvisando, acordando cosas entre ellos y nosotros enterándonos a última hora”, señaló la consejera constitucional, María Pardo (CS).

El objetivo es alcanzar enmiendas de unidad de propósito en ciertos ámbitos. ¿Qué son este tipo de propuestas? Corresponde a enmiendas presentadas con el apoyo de tres quintos de los integrantes de la respectiva comisión. 

Vale decir que, dichas propuestas pueden ser presentadas antes de comenzar las votaciones. Con todo esto, se pueden salvar ciertas incoherencias, errores o alcanzar acuerdos que manifiesten consenso y unidad.