Hoy, martes 12 de septiembre, se constituyó una nueva comisión investigadora (CEI 23) para indagar la situación carcelaria del país. Ella estará encargada de analizar los actos del Gobierno relacionados sobre el déficit de infraestructura penitenciaria y las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación que afectan a los centros de reclusión.
Entre sus primeras acciones, el grupo parlamentario eligió como presidente al diputado Francisco Pulgar. Asimismo, acordó que sesionarán los días lunes de 12.00 a 13.30 horas.
La instancia, además del diputado Pulgar, está integrada por: Chiara Barchiesi, Miguel Ángel Becker, Lorena Fries, Juan Fuenzalida, Andrés Jouannet, Gloria Naveillan, Maite Orsini, Ximena Ossandón, Alejandra Placencia, Leonardo Soto, Héctor Ulloa y Gastón Von Mühlenbrock.
El grupo parlamentario acordó invitar a la primera sesión al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, y al director de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra. Asimismo, concertó elaborar en los próximos días una lista con las propuestas de otros invitados que los integrantes hagan llegar.
Cometido de la comisión
El grupo parlamentario espera reunir antecedentes relativos a actos del Gobierno, particularmente, de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos e Interior y Seguridad Pública. También las acciones realizadas por la Agencia Nacional de Inteligencia, Gendarmería y otros órganos que resulten competentes.
En tal marco, espera recopilar antecedentes sobre el déficit de infraestructura penitenciaria y las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación que afectan a los centros de reclusión. Así, también investigarán la gobernanza penitenciaria, las medidas de control para enfrentar extorsiones y otras conductas ilícitas de bandas criminales. Junto a esto, evaluarán el tratamiento y distribución de reclusos según el nivel de criminalidad.
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En sus fundamentos, la solicitud resalta que, en el último año, el número de personas privadas de libertad aumentó en un 15%. Agrega que, al 1 de febrero, existían 46.740 personas recluidas, de las cuales cerca de un 11% son de nacionalidad extranjera.
Esto ha generado un desafío para el control de la población penal y la eficiente administración de los recursos de los recintos penitenciarios. En junio de 2022 se detectaron 24 casos de extorsión al interior de los centros penitenciarios, lo que evidenció un alza de esta práctica. La alerta frente a esta situación es que reos de menor peligrosidad son incorporados a bandas criminales afectando, igualmente, sus posibilidades de reinserción social.
La comisión investigadora de la situación carcelaria dispondrá de un plazo de 90 días para entregar su informe. Y, para el cumplimiento de su cometido, podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.