La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que confirmó aquella de base que acogió parcialmente una demanda de cobro de honorarios.
El demandante indicó que acordó prestar servicios de asesoría legal y representación en favor de la empresa, con el fin de cobrar tres documentos tributarios pendientes de pago facturados a nombre de un órgano de la Administración, por la suma total de $250.000.000.-.
Refiere que pactó un pago único a modo de premio en caso de lograr el cobro, ascendente al 10% de lo que efectivamente se recuperara, y que sus gestiones -que se extendieron durante el año 2016- fueron exitosas, concretándose el pago íntegro de los documentos el 28 de septiembre de 2016; por lo que solicita el pago de los honorarios correspondientes a la suma de $25.000.000.-.
En su defensa, la demandada instó por el rechazo de la acción, argumentando que, si bien existió un contrato no escriturado con el actor, no corresponde pagar los honorarios debido a que no se concluyó exitosamente el mandato, debiendo su parte contratar a otros abogados para llevar a cabo el cobro judicial de las facturas.
La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó a la empresa al pago de los $25.000.000.-; decisión que fue confirmada por la Corte de Santiago en alzada.
En contra de este último fallo, la demandada interpuso recurso de casación en el fondo, acusando la infracción de los artículos 2117, 2123, 2131 y 2163 N°1 del Código Civil en relación con los artículos 1545, 1546, 1560 y 1698 del mismo cuerpo normativo.
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La recurrente sostuvo que, es un hecho de la causa que los honorarios que se cobran correspondían a la ejecución o desempeño de un mandato para cobro de facturas, el cual no fue cumplido por el actor y, en consecuencia, tampoco pagado por la demandada, puesto que el cobro de dichos documentos mercantiles se efectuó por otros abogados en un procedimiento judicial idóneo, y no en uno patrocinado por el demandante.
El máximo Tribunal desestimó el recurso de casación en el fondo, luego de razonar que, “(…) queda de manifiesto que las alegaciones del impugnante persiguen desvirtuar los supuestos fácticos fundamentales fijados por los sentenciadores, esto es, el hecho que las facturas fueron finalmente pagadas, cumpliendo su cometido el demandante”.
El fallo concluye sosteniendo que, “(…) existió un contrato de prestación de servicios entre el actor y la demandada, ascendentes al 10% del monto recuperado del cobro de $250.000.000.-, que finalmente ocurrió, por lo que la suma que se le adeuda al demandante es de $25.000.000.- por concepto de honorarios profesionales pactados e impagos. Ha de estimarse de igual forma que, correspondiendo a la parte demandada acreditar que cumplió con su obligación de pagar los honorarios fijados, ésta no aportó prueba suficiente a este respecto en juicio”.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo.
Vea sentencias Corte Suprema Rol Nº161.629-2023, Corte de Santiago Rol Nº3.588-2020 y 20º Juzgado Civil de Santiago RIT C-35144-2017.