Diario Constitucional

Imprudencia profesional.

Provocar la muerte por asfixia durante un proceso de detención no puede considerarse un caso fortuito por parte de un agente policial, resuelve Tribunal Supremo de España.

Se trataba de un policía al que se exigía mayor prudencia en su actuación y no presionar en una zona del cuerpo donde el exceso y el tiempo, intensidad y temporalidad le podría resultar claro que acabaría con la vida de la persona.

Por Redacción·31 de octubre de 2023·4 min de lectura
Provocar la muerte por asfixia durante un proceso de detención no puede considerarse un caso fortuito por parte de un agente policial, resuelve Tribunal Supremo de España.
Referencial

El Tribunal Supremo de España desestimó el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que condenó a un policía a la pena de un año de prisión por el delito de homicidio por imprudencia profesional grave.

El recurrente alegó que se falló con error en la aplicación del derecho, ya que, si bien la víctima falleció por asfixia originada porque el acusado le inmovilizó el cuello, no significa que haya faltado al deber de cuidado profesional, en cuanto se vio obligado a reducir a la víctima en el suelo, luego de que intentara huir de la empresa a la que pretendía entrar sin consentimiento, es decir, la única finalidad que tuvo el agente policial fue la retención, más no provocar la situación de riesgo para la vida de la víctima, puesto que fue la propia víctima la que se resistió agresivamente a la identificación y detención, por lo que la muerte obedece a un caso fortuito.

Al respecto, el Tribunal Supremo razona que, “(…) el delito imprudente está configurado, de una parte, por la infracción de un deber de cuidado interno (deber subjetivo de cuidado o deber de previsión), que obliga a advertir la presencia de un peligro cognoscible y el índice de su gravedad; y, de otra, por la vulneración de un deber de cuidado externo (deber objetivo de cuidado), que obliga a comportarse externamente de forma que no se generen riesgos no permitido, en su caso, a actuar de modo que se controlen o neutralicen los riesgos no permitidos creados por terceras personas o por factores ajenos al autor, siempre que el deber de garante de éste le obligue controlar o neutralizar el riesgo ilícito que se ha desencadenado.”

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